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Comentarios al borrador de medidas de protección a los consumidores por las cláusulas suelo

Viernes, 20 de enero de 2017 | Isaac Abad

Tras el sobresalto que le ha generado a las entidades financieras la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que enmienda la plana a nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de marzo de 2015, y le recuerda la vigencia del principio de Derecho Romano ‘quod nullum est nullum producit effectum’, que traducido al castellano viene a significar, lo que es nulo, no provoca efecto, el Gobierno ha considerado de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un cauce que evite un aumento de los litigios, y sus perjuicios derivados (coste y saturación de la Administración de Justicia).

 

Tras un análisis de urgencia de la norma, que se espera sea aprobada en el día de hoy, se hace, cuando menos llamativo, observar que el Gobierno parece perseguir más el bienestar del condenado por la Sentencia (es decir, las Entidades Financieras), que el del perjudicado, (es decir, los consumidores), por las diversas razones que expondré a continuación.

 

En primer lugar, se encomienda a las Entidades de Crédito la gestión del problema…no se plantea el Gobierno emplear la mediación, el arbitraje, o directamente la intervención de los Colegios de Abogados, sino que establece “Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales”.

 

Tampoco se plantea el Real Decreto que se revise de oficio, la situación de todos los clientes, lo que parecería lógico, por otra parte, dadas las dimensiones del asunto. No, las entidades financieras atenderán a las reclamaciones que se planteen por los clientes. Eso sí, se establece un plazo de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación para alcanzar un acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor (eso habrá que verlo), a mayor abundamiento, obliga a la Entidad Financiera a que informe a la Agencia Tributaria de las devoluciones acordadas. Si no hay acuerdo, se deberá entonces, acudir a la vía judicial.

 

Especial consideración merece el apartado de las costas procesales: si el consumidor se atreviese a reclamar judicialmente contra la entidad financiera, y esta se allana, no se le impondrán las costas. ¡Qué bien! Entonces ¿qué incentivo hay para la entidad financiera en pagar antes?

 

En las disposiciones adicionales, se otorga a las entidades el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Real Decreto, y de paso, se indica que pueden establecer medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo, si las partes lo aceptan.

 

En resumen, se encomienda a las entidades financieras la gestión de las reclamaciones que se produzcan, se modifica el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar en lo posible, que se les pueda condenar en costas, y se les permite en lugar de devolver en dinero lo que han cobrado indebidamente, establecer medidas compensatorias.

 

Además, no se incluyen dentro del ámbito del Real Decreto aquellas reclamaciones acerca de los gastos de formalización de hipoteca (gastos de notaría, registro de la propiedad, gestoría, impuestos), que recientemente han sido declarados nulos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015. Por tanto, para estos importes, que constituyen un montante importante en una hipoteca media, sólo cabe la reclamación judicial.

 

Es por ello que, el lector que haya mantenido la atención hasta aquí entenderá el motivo de haber cambiado maliciosamente el título en el artículo, dado que la denominación del Real Decreto-Ley, es en realidad “Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección del consumidor en materia de cláusulas suelo”.

 

Se avecina avalancha de demandas judiciales.

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