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Democracia participativa, transparencia, lobbies…

Martes, 7 de febrero de 2017 | Miguel Ángel Rodríguez Torres

Al complejo caminar de la democracia participativa, en su concepción misma, implementación, desarrollo, diversidad de formas, resistencias, manipulaciones y demás derivas le venimos dedicando tiempo y estudio desde hace unos años en que la asunción de los principios que la sustentan comenzó a ser atractiva para Europa y particularmente para nuestro país.


La complejidad de los procesos de democracia directa, su transversalidad motivada por la necesidad del concurso del músculo social local o regional, además de las continuas apuestas por la incorporación de los jóvenes, la perspectiva de género, el aporte de las nuevas tecnologías y la percepción diferida de sus resultados son cuestiones que revisamos periódicamente en aras de conferirle mayor eficacia y hacerla más perceptible para todos.


Pero de la misma manera que la democracia participativa es una conquista social moderna y que su objetivo es el empoderamiento ciudadano y la co-gestión de lo público, no podemos olvidar que la otra cara de la moneda es la Transparencia. La Transparencia supone el acristalamiento de las paredes y techos de las administraciones, de las instituciones, de las cuentas públicas y de todo lo que tenga que ver con la gestión de nuestros impuestos e intereses como ciudadanos.

 

Poco a poco desde los ayuntamientos a comunidades autónomas y el propio Estado se han ido sumando a esta necesidad creada por la demanda social, unos con mayor convencimiento y otros arrastrados por el tsunami ciudadano que no entendería el mantenimiento de la opacidad en el funcionamiento institucional ni en la gestión de las administraciones. Este contínuum de afinidad mayor o menor con el concepto ha diseñado un mapa con ciertas asimetrías que habrán de ir corrigiéndose en los próximos años, sin duda forzados por la necesidad de independencia, legislación orientada a fines y recursos que el ente –Comisionado, Consejo, Oficina, etc.-, encargado de la Transparencia al nivel que sea, precisa. Frente a esto, algunas actitudes de titulares de departamentos en la administración cada vez se perciben más claramente en la dimensión de ausencia de altura política y de falta de compromiso social.

 

Curiosamente, mientras que la gestión de las demandas de participación y transparencia de los ciudadanos camina con lentitud, se desarrolla con una cierta parsimoniosa cautela en lo que respecta a su impulso y facilidades legales por parte de las administraciones y precisa conceptualmente unos tiempos que se nos hacen francamente largos, mientras que eso ocurre, asistimos a un paradójico desarrollo extraordinariamente rápido de los lobbies –gupos políticos y económicos de presión a los gobiernos-, thinks tanks –laboratorios de ideas-, y otras formas utilizadas por los grupos de intereses de cara a la toma de decisiones políticas, posteriormente traducidas a normas, para beneficio de sus miembros o representados y muchas veces para perjuicio del ciudadano de a pie.

 

Respecto de los lobbies, ya desde su definición, la aproximación ha de hacerse de manera pausada y cautelosa: “Grupo de presión formado por personas con gran influencia y poder, sobre todo político o económico”.


El problema viene cuando determinados lobbies velan sólo por su propio interés, ya que en principio el hecho de que un determinado grupo de personas hable con los políticos explicándoles sus inquietudes, sus problemas, etc. no es algo ilegal, el problema surge cuando la gente en general no sabe que estos grupos se han reunido y sobre qué han hablado, o si incluso han presionado mediante amenazas o intimidación a/los Gobierno/s para que se aprueben o se cambien algunas leyes en su propio beneficio.


Uno de los lugares del mundo donde más lobbies hay es en Bruselas, situándose por detrás de Washington DC, concretamente ocupa el segundo lugar a nivel mundial. En Europa existen un total de entre 15.000 y 30.000 personas que representan a empresas, sectores industriales, etc. De éstas, las dos terceras partes defienden intereses empresariales, los más numerosos. Este lobby situado en Bruselas ya factura por encima de los mil millones de euros cada año. En total unas 500 grandes empresas poseen oficinas en Bruselas, con el fin de que sus empleados/lobbies se encuentren cerca de los poderes e instituciones públicas.


En España los lobbies más importantes son los de los sectores de la energía, salud y la banca, así como alguna de tipo gremial como las organizaciones empresariales. Hasta ahora, existen en España varios registros diferentes en donde se inscriben los lobbies. El más activo es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que hay registrados 380 entidades que realizan actividades de asuntos públicos. De ellas, 212 pertenecen al sector empresarial (asociaciones y empresas), 85 a servicios de consultoría, 69 a organizaciones no gubernamentales (ONG), 10 pertenecen al sector público y las 4 restantes a otros sectores. Además, el Parlamento de Cataluña tiene su propio registro, así como algunos ayuntamientos.


En España, en 2013 cuando se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se perdió una oportunidad para regular la actividad de grupos de presión. La organización Transparencia Internacional publicó un informe en el que señalaba textualmente que “cuando el lobby es realizado con integridad y transparencia es una fuente legítima de influencia para los grupos de interés que están afectados por decisiones públicas; el problema surge cuando el ejercicio del lobby es opaco y no está regulado”.


Después de tres intentos de regular su función desde la aprobación de la Constitución de 1978, hemos visto como entre los acuerdos de gobierno firmados entre el Partido Popular y Ciudadanos se ha incluido la regulación de los lobistas y los lobbies, mediante la fórmula de una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que fue presentado en septiembre de 2016 por Ciudadanos y ha sido ya calificado por la Mesa.


Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso y portavoz de Justicia de Ciudadanos, explica que esta regulación es muy necesaria “para acabar con la imagen de que el lobby es una serie de procesos oscuros de los grupos de presión hacia el poder; existe en todos los países y es imprescindible que se haga con la máxima transparencia”. Según Prendes, “está hablado con los representantes del PSOE y en principio se muestran favorables a su regulación”.


El proyecto de ley, que podría quedar aprobado a lo largo de este mismo año 2017, establece la creación de un registro único en el Parlamento en el que los lobistas se tendrán que registrar y declarar anualmente sus actividades.


Apostemos, pues por el salto hacia la transparencia que supondría en nuestro país el acristalamiento de la actividad de los lobbies, una vez que por fin, ésta quede regulada de manera que sus actuaciones sean tasadas y transparentes.

 

@mangelrtorres

 

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1 Comentario
Jose Molina
Fecha: Martes, 7 de febrero de 2017 a las 15:46
Magnifico trabajo de divulgación de unas ideas que se precisan llevar a la vida de la sociedad para hacerla más integradora y solidaria.

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