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Arbitraje para la resolución de conflictos

Jueves, 23 de febrero de 2017 | Jaime Sánchez-Vizcaíno

Frente a la excesiva judicialización de los conflictos entre la sociedad y lo socios, la legislación nos ofrece una alternativa, el arbitraje estatutario, regulado en La Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje. (En adelante, LA).

 

Por qué es aconsejable acudir al arbitraje estatutario y no a los tribunales de justicia:

La excesiva carga que pesan sobre los Juzgados de lo Mercantil unido al procediendo a seguir de Juicio Ordinario, los posteriores recursos contra las sentencias de instancia en grado de apelación ante la Audiencia Provincial o de casación ante el Tribunal Supremo, si procediera, impiden dar una rápida respuesta a la solución de los conflictos societarios. Frente a ello, el arbitraje estatutario resuelve mediante laudo la controversia en el corto plazo de seis meses, con prórroga en su caso de otros dos meses, laudo arbitral que tiene efectos de cosa juzgada.

 

El empresariado requiere una pronta solución a sus controversias y de forma privada, sin trascendencia pública, evitando que el conflicto societario trascienda a sus competidores, proveedores financieros o no, clientes y empleados. Dada la confidencialidad del arbitraje frente a la excesiva publicidad de los litigios y resoluciones judiciales, aconsejable acudir a esta vía para evitar daños reputaciones y si se trata de una empresa familiar el deterioro en las relaciones empresa-familia.

 

Como establecemos la obligación de las empresas y de su socios de concurrir al arbitraje estatutario.

 

Mediante la regulación del convenio arbitral en los estatutos sociales que impondrá que los conflictos en las relaciones entre la sociedad y los socios sean resueltos mediante la administración del arbitraje. No es, como podría interpretarse del párrafo segundo del artículo 11 bis de la LA, sólo aplicable a los supuestos de impugnación de acuerdos sociales, sino que se extiende a todos los conflictos de naturaleza societaria de los socios entre sí y de éstos con la sociedad o sus órganos (artículos 114.2. d) y 175. c) RRM), derivados o que traigan causa del contrato social, como lo son, a título enunciativo pero no limitativo, los de nulidad de las Juntas, ejercicio de la acción social de responsabilidad, reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo no devuelto por la sociedad a los socios, reclamación del importe de dividendos pasivos no satisfechos, etc.

 

La introducción de esta cláusula de arbitraje en los estatutos sociales requerirá una mayoría cualificada diferente si se trata de una sociedad a constituir o ya constituida, y así: (i) si se produce en la fase contractual de constitución de una nueva sociedad lo sería por “unanimidad” de los socios fundadores, (ii) en la sociedad ya constituida e inscrita en el Registro Mercantil, requerirá (artículo 11 LA) “ el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social”. Este precepto viene a modificar el sistema de mayorías reforzadas previstas en los artículos 199 a) y 201 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (En adelante, LSC) para las modificaciones estatutarias de las Sociedades de Capital. El acuerdo adoptado con esas mayorías cualificadas vinculará a todos los socios, incluso a los que hubieran votado en contra, a quienes no les asistirá el derecho de separación por no estar expresamente contemplado en las causas que establece el artículo 346 LSC.

 

La designación de árbitros será encomendada a una institución arbitral, como señala a Exposición de Motivos de la LA“ el sometimiento a arbitraje, de la impugnación de acuerdos sociales, requiere la administración y designación de los árbitros por una institución arbitral, por lo que queda excluido el arbitraje estatutario ad hoc.

 

Como árbitro de las Cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Murcia y Cartagena apuesto decididamente por el arbitraje estatutario y recomiendo a los administradores y socios de las sociedades de capital que incluyan en sus estatutos sociales la cláusula de arbitraje estatutaria como medio más eficaz y de rápida resolución de los conflictos que puedan derivarse del contrato social.

 

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