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Apoyo al autónomo

Jueves, 27 de abril de 2017 | Juan García Cascales

Los trabajadores autónomos forman un colectivo compuesto por más de 3,2 millones de profesionales, alcanzando más del 18% de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, lo que representa un notable porcentaje de empleo autogenerado, capaz de desarrollar una variada actividad económica, en sectores muy diferenciados, y que son fuente de unos significativos ingresos tanto para la Tesorería General de la Seguridad [Img #48874]Social como para la Agencia Tributaria. También debemos considerar los empleos que estos son capaces de crear y que derivan en la contratación de otros trabajadores, circunstancia que sucede en más del 21% de los casos, provocando que 1 de cada 4 empleos sea atribuible a su actividad emprendedora. Por último, si además consideramos las microempresas, que representan más del 95% de las empresas existentes en nuestro país y cuya actividad normalmente viene soportada por el desempeño de un autónomo, que ha decidido operar a través de una sociedad mercantil, estas referencias se hacen incluso más significativas, pudiendo llegar a alcanzar casi 5 millones de empleos, lo que significa más del 30% del total de asalariados de nuestro país, porcentaje muy superior a la media europea.

 

Supongo que no hace falta recordar las especiales condiciones en las que estos autónomos generalmente desarrollan su actividad, principalmente, incertidumbre sobre los ingresos siempre variables, asunción de unos costes fijos por cotización a la seguridad social y de estructura que permitan su actividad, con  independencia del volumen de ingresos obtenidos o incluso estando de baja por alguna dolencia, situación compleja para ellos dadas sus mínimas coberturas y prestaciones sociales, que en poco contribuyen a su sostenimiento, a pesar de las cotizaciones ingresadas, dificultad para acceder a cualquier clase de financiación, que cubra sus necesidades operativas o soporten el diferimiento en el cobro de sus facturas emitidas, exposición de su patrimonio personal a cualquier reclamación civil por su trabajo, o bien por servir de garantía de esa escasa y para ellos cara financiación, etc. Por si todo esto fuera poco, debemos añadir una elevada presión fiscal y una inseguridad en la deducibilidad de los gastos en los que incurren, derivada de una normativa poco concreta y bastante restrictiva.  

 

Dicho todo lo anterior y destacando el contraste y la enorme asimetría existente entre su aportación al sostenimiento y desarrollo de nuestra actividad económica y las muy precarias condiciones en las que estos autónomos deben realizar su trabajo, parece inadmisible que, hasta hace muy pocos meses, ningún partido político haya mostrado voluntad alguna para promover medidas de apoyo que favorezcan y potencien un tipo de actividad profesional que, como se ha visto, tiene un elevado peso en nuestra economía.

 

Por suerte, esto parece haber cambiado y por iniciativa, en este caso, de Ciudadanos, orientado hacia una Política Útil dedicada a atajar los problemas reales de una clase media trabajadora, que es la gran mayoría en nuestro país, se ha presentado una ‘Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo’, cuyo debate se viene produciendo en el Congreso de los Diputados y ha sido ya objeto de la introducción de más de 150 enmiendas por parte del resto de grupos políticos y que esperemos vea muy pronto la luz, para beneficio, no solo de estos trabajadores autónomos, sino también de sus empleados y resto de ciudadanos, que necesitamos de su dinamismo emprendedor y servicios profesionales.

 

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