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MOROSIDAD

El Estado paga a 56 días, un mes después de lo que marca Bruselas

Hacienda modificará la normativa para evitar sanciones comunitarias

Lunes, 8 de mayo de 2017 | Redacción

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El Estado pagó a sus proveedores en el primer trimestre del año en una media de 26 días, aunque la realidad es que este plazo es 30 días superior conforme al método de cálculo establecido por el Ejecutivo, que ahora se apresta a reformar la norma para evitar las sanciones de Bruselas.

 

La entrada en vigor de esta reforma supondrá el reconocimiento de 30 días adicionales en los plazos contabilizados hasta ahora por las Administraciones Públicas, si bien el Gobierno confía en que el cambio de la norma agilice los pagos.

 

La legislación española establece con claridad que las Administraciones Públicas están obligadas a pagar a 30 días y a hacer público su plazo medio de pago a proveedores.

 

Sin embargo, en 2014 el Gobierno aprobó un real decreto que desarrollaba la forma de contabilizar el periodo de pago, en el que se fijó que el plazo empezaba a correr una vez transcurridos 30 días desde la entrada de la factura o desde la aprobación de la certificación de obra.

 

El pasado mes de febrero la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción por entender que esta manera de medir los plazos de pago a proveedores contradecía la normativa europea.

 

Ante la amenaza de sanciones por este motivo, el Ejecutivo ha decidido modificar la norma para aclarar "las dudas acerca de su compatibilidad" con la directiva europea de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según se explica en el borrador de real decreto que el ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública.

 

Con la modificación, se entenderá por número de días de pago los transcurridos desde la recepción de la factura o la aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de abono material por parte de la Administración.

 

En la memoria que acompaña al borrador de real decreto se dice que la norma tendrá un impacto económico positivo especialmente para las empresas proveedoras de las comunidades autónomas y corporaciones locales "pues podrán cobrar de manera ágil sus créditos" frente a las administraciones territoriales.

 

"Esto les facilitará liquidez para continuar con su actividad empresarial y les facilitará sus opciones de financiación", añade la memoria, que destaca también el previsible impacto positivo sobre el empleo "pues contribuirá a frenar la destrucción de puestos de trabajo".

 

Conforme a la metodología aún vigente, los últimos datos publicados por Hacienda reflejan que en el primer trimestre el periodo medio de pago por parte de la Administración General del Estado fue de 26 días, que se elevan a 37 días para el abono a proveedores de bienes y servicios y bajan a 20 días para el pago de las inversiones.

 

Agricultura, el ministerio más tardón

En los tres primeros meses del año se pagaron 8.995 operaciones en bienes y servicios por importe de 249,7 millones de euros, de los que la mayor parte (116,5 millones) correspondieron al ministerio del Interior, que pagó en una media de 36 días.

 

El plazo medio más largo para el pago de bienes y servicios fue para el ministerio de Agricultura, (144 días), mientras que el plazo más breve lo registraron las Cortes Generales (8 días).

 

En el capítulo de inversiones en el primer trimestre se pagaron 459,5 millones en 2.862 operaciones, de las que la mayoría se concentraron en el Ministerio de Fomento con un importe de 302,7 millones pagados a 15 días.

 

También el ministerio de Agricultura, fue el que más tardó en pagar las inversiones (82 días), en tanto que el Consejo General del Poder Judicial fue el que menos (11 días).

 

A 31 de marzo quedaban pendientes de pago 1.395 operaciones por importe de 71 millones, llevando en esta situación 22 días, si bien 94 de ellas por importe de 1,24 millones se habían excedido del periodo legal de pago en 76 días.

 

Con datos actualizados a 11 de abril solo quedaban pendientes 42 operaciones por 0,61 millones, la mayoría por motivos como la falta de datos bancarios o por incidencias como embargos o compensaciones tributarias, según explica la Intervención General del Estado en su informe trimestral.

 

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