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Sobre diálogos (II)

Viernes, 3 de noviembre de 2017 | Manuel Fernández Salmerón

* Redactado a lo largo de la semana, cierro este artículo en la tarde-noche del aciago 27 de octubre, rota ya definitivamente la legalidad constitucional en Cataluña y aprobada por el Senado la activación del art. 155 de la Constitución. Aunque algo superado, pues, por la realidad de los acontecimientos, creo que las reflexiones que contiene siguen siendo perfectamente válidas en el actual escenario.

 

 

La otra forma de expresarse el ofrecimiento al diálogo es más sutil, pues pretende exigir, como condición previa para la negociación, el retorno de los sublevados a la legalidad. Conviene detenerse en las dificultades jurídico-políticas que presentan los presupuestos de este diálogo. Comencemos por señalar que no resulta verosímil —como se viene, además, comprobando— que quien pretende a toda costa la independencia de una parte del territorio nacional retorne, sin más (en el primer tipo, en cambio, el diálogo era el objeto de intercambio), a la aplicación completa, leal, así como —y esto es muy importante— estable y continuada del ordenamiento jurídico del que ha abjurado severamente. Porque, claro, esta segunda modalidad presenta una singularidad claramente distintiva respecto del diálogo del primer tipo: que no pueda, precisamente, ofrecerse tal diálogo en tanto la reconducción a la legalidad no se haya verificado plenamente, a riesgo de inducir una confusión total con la especie examinada en la entrega precedente, con las consecuencias que de ello se derivan. Esto me parece crucial: no puede aludirse a negociación, cesión o pacto algunos, ni siquiera concebirse algo de qué hablar, hasta que se haya consumado el restablecimiento del Estado de Derecho, la “vuelta a la legalidad”. En el caso catalán, no parece que, quienes han venido suscribiendo o especulando con esta posibilidad de un acuerdo con los rebeldes, estén teniendo en cuenta esta elemental cautela y pretendan reproducir irresponsablemente ahora la perturbadora confusión que generó la negociación con la ETA.


Ahora bien, la determinación, lo más precisa posible, de cuándo pueda entenderse verificado ese retorno al Estado de Derecho (en el primer caso como objetivo, en el segundo como presupuesto de la negociación), es un problema de primerísima importancia compartido por ambas especies. En tal sentido, me parece que esa recomposición de la legalidad tiene aquí dos vertientes, una más retrospectiva y residenciada, sobre todo, en las instituciones del Estado y otra, de índole prospectiva, que es cabalmente la que corresponde a las autoridades autonómicas.


Así, por un lado, el retorno al ordenamiento jurídico comprende, en sentido amplio, la necesaria privación de eficacia de actos, decisiones y normas que han impulsado el proceso ilegal, correspondiendo tal declaración de ineficacia, en su caso, a los tribunales e instituciones competentes del Estado, incluso de la propia Comunidad Autónoma en la medida en que ello sea preciso. Por lo demás, así viene sucediendo prácticamente desde los albores del vigente régimen constitucional, inaugurado con una desorbitada conflictividad Estado-Comunidades Autónomas, que ha ido derivando hacia un contexto de deslealtad institucional aceptada y terminado por alumbrar un modelo territorial netamente español, singularmente turbulento, que el Profesor Aragón Reyes bautizó en su día como “Estado jurisdiccional autonómico”. Estos lodos vienen, qué duda cabe, de aquellos polvos.


Además de esta revisión de la actividad formal autonómica soporte del proceso secesionista, procederá, por descontado, depurar las responsabilidades criminales y de todo tipo en que hayan incurrido los servidores políticos y administrativos o incluso los meros ciudadanos, en los términos y con el alcance que decidan los Tribunales de Justicia. En este sentido, casi huelga señalar que esta parcela de la vigencia del Estado de Derecho es radicalmente innegociable. Insistiremos en ello en la entrega final de esta serie.

 

Por otro lado, corresponde a las autoridades autonómicas sublevadas, aunque en última instancia también a las estatales, la adopción de cuantas medidas no solo reviertan formalmente la situación de ilegalidad “institucional” expuesta, sino que afirmen positivamente la vigencia del Estado de Derecho, en todas sus formas y variantes, incluyendo los principios jurídico-constitucionales y el pleno disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos (art. 9 CE). Dicho de otro modo, hay restablecimiento satisfactorio de la legalidad solo cuando el Estado de Derecho tiene plena vigencia en el territorio y entre toda la población afectada, a la que corresponde la garantía de un pleno y definitivo restablecimiento de sus derechos y libertades en todos los planos. De ahí que una inmediata convocatoria de elecciones por parte de los órganos de la Generalidad no pudiera a mi juicio considerarse, en modo alguno y más allá del papel constituyente que pudieran querer atribuirle los sediciosos, como presupuesto suficiente para entender materializado un retorno al Derecho ni, por ello, causa legitimadora bastante para la suspensión del procedimiento para la aplicación del art. 155 de la Constitución.

 

En efecto, a mi modo de ver, este precepto no ampara, desde luego, la adopción de medidas que puedan concebirse como “sanciones” por parte del Estado a la Comunidad Autónoma en cuestión, caracterizadas por su naturaleza radicalmente irresistible una vez verificado el supuesto de hecho constitucional habilitante. Antes bien, el precepto parece comprender un conjunto indeterminado de soluciones enderezadas a la salvaguarda de los intereses generales de España y de sus ciudadanos, no tanto al castigo del ente incumplidor o de sus responsables, efecto para el que se dispone de otras herramientas adecuadas, según hemos visto.

 

Dentro de la vaporosidad propia de los preceptos constitucionales, a mi juicio, las medidas del art. 155 reúnen dos notas características. En primer lugar, el que su adopción e imposición se enmarquen en un auténtico proceso, por encima de los simples procedimientos jurídicos. Y no podría ser de otra forma. Del mismo modo que la descomposición de la legalidad constitucional en Cataluña ha requerido una secuencia temporal muy amplia —incluyendo su culminación, que ha sido calificada, con justeza, de golpe de Estado “a cámara lenta”—, las medidas para su restablecimiento no pueden ser inmediatas, ni puntuales, sino simétricamente dilatadas, pues dilatado es el tiempo que requieren la reviviscencia de unas instituciones degradadas, la plena garantía de unos derechos y libertades sin vigencia real en muchos casos; en definitiva, la puesta en marcha de un régimen legal y de libertades. El atentado a la legalidad de los sediciosos no ha consistido en una o varias desobediencias puntuales al ordenamiento jurídico, sino en un plan sistemático de desafección popular hacia España —colmo de la deslealtad en unos gobernantes legitimados exclusivamente por el paraguas del Derecho español— y de desintegración del orden constitucional en Cataluña. Conviene la sinceridad y la autocrítica de todos sobre esto.

 

En segundo lugar y derivado en parte de la conclusión anterior, la puesta en marcha de ese proceso al amparo del art. 155 —aun sin tener, según hemos señalado, la irreversibilidad de las sanciones—, no puede ser suspendida bajo condición de que las instituciones catalanas de autogobierno adopten medidas puntuales (entre ellas, la convocatoria de elecciones) que, según un juicio político, puedan resultar suficientes, pero que no impliquen la plena restauración del Estado de Derecho en los términos expuestos. La activación de un mecanismo tan severo y trascendente como este, ha necesitado el presupuesto de la contumaz persistencia de los rebeldes en la ilegalidad, incluso tras diversos requerimientos y ultimátums. No parece ni riguroso ni verosímil que su desactivación quede a expensas de meros “gestos”. Conviene, por lo demás, no olvidar que las medidas amparadas en el art. 155 afectan esencialmente al autogobierno, pero no deben suponer, en principio, una suspensión de las restantes garantías y principios constitucionales, que permanecen, pues, intactos.


Es más, que las medidas del art. 155 no puedan precisamente concebirse —según hemos reiterado— como sanciones “personalizables”, sino enderezadas a la salvaguarda de los intereses generales de España, impide que su efectividad pueda modularse a partir de gestos personales, más o menos expresivos de arrepentimiento o retractación. El art. 155 no es, pues, una sanción al Sr. Puigdemont y, menos aún, al pueblo de Cataluña por su supuesta desafección, por mucho que uno o parte del otro así lo vivan, sino una herramienta del Estado de Derecho. Su vigencia debe condicionarse, entonces, a la restauración de éste.


Pero el art. 155 tampoco es un instrumento político, que pueda hacerse depender de los caprichosos vaivenes del Gobierno o los intereses de los partidos. El constante chalaneo que, en este sentido, hemos venido contemplando en las últimas semanas de este aciago mes de octubre resulta desolador (“si hubiera convocatoria de elecciones no sería necesaria la aplicación del 155”, comenzó declarando una inconsistente diputada, antes de que el mecanismo se hubiera puesto en marcha) y tiene varios efectos críticos. El primero, según lo dicho, consiste en que constituye una abominación del diálogo, peor aún que la primera especie tratada, pues ofrece una cesión del Estado de Derecho sencillamente a cambio de nada, en tanto que la contrapartida no supone, en absoluto, una vuelta a la legalidad en los términos explicados. El segundo efecto, consistente en relativizar la eficacia de una medida tan seria, resta credibilidad al Estado, en un contexto en el que hay que vencer, pero en el que conviene convencer. Peor aún, tal conducta frivoliza los gravísimos problemas sociales y jurídicos de fondo que ha generado la dinámica nacionalista en los últimos cuarenta años, reduciéndolos a poco menos que chascarrillos de tertulia.


Pero, en tercer y más importante lugar, los dos tipos examinados de diálogo comparten, aun en grado diverso, otro efecto perverso: la legitimación del desafío a la legalidad como medio eficaz de conseguir objetivos políticos, convirtiendo —digámoslo con claridad— al delincuente en interlocutor del Estado de Derecho, tal y como ha sucedido en experiencias anteriores ya expuestas. Y, desde esta perspectiva, no caben diferencias de trato en función de la naturaleza del sujeto (banda terrorista, poder público o individuos aislados). Si no hubo negociación con los alzados el 23 de febrero de 1981, ni debió haberla con la ETA, no debería dialogarse ni ofrecerse nada a los sublevados en Cataluña, al menos hasta que no se reconstituya la vigencia del ordenamiento jurídico en esa parte de España, e incluso en tal caso los inconvenientes del diálogo no son desdeñables, como se verá en la última entrega de esta serie.


La Justicia es ciega, pero lo ha de ser en todas las esferas de aplicación del Derecho, que no debe distinguir la condición de quienes atentan contra él más allá de lo que la Ley disponga. El hecho de que una parte de la sociedad catalana defienda el secesionismo, en nada cambia la esencia de lo que aquí se ha expuesto, ni convierte tales pretensiones, que han tratado de imponerse ilegalmente al resto de los españoles, en una reivindicación negociable. Muy al contrario, tanto la vigencia del Estado de Derecho como la Democracia rectamente entendida, son radicalmente incompatibles con un sistema que premie, de un modo u otro, el desafío a la legalidad. Es más, la reivindicación de la sedicente “cuestión catalana” (que no es tal, sino al máximo la “cuestión de una parte de la sociedad catalana”) como un problema exclusiva o preponderantemente político, se vuelve sistemáticamente contra sus promotores: si se trata de una cuestión política, debe resolverse como se resuelven las cuestiones políticas en los Estados Democráticos de Derecho, mediante la participación institucional y el respeto a la libertad de expresión de sus defensores, en el marco insustituible del orden jurídico constituido. Si, regresada sin fisuras la legalidad, es posible y conveniente negociar un nuevo marco jurídico-constitucional que acoja, en algún grado, las pretensiones secesionistas es algo que examinaremos en la siguiente y última entrega. (SIGUE)

 

 

 

 

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