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Sobre diálogos (III)

Viernes, 10 de noviembre de 2017 | Manuel Fernández Salmerón


* Anunciada una tercera y última entrega de esta serie, la búsqueda de una estructura que hiciera más comprensible el discurso y la considerable extensión del texto resultante, aconsejan dividirlo, a su vez, en dos partes.

 

Solo el diálogo -mejor: una de sus intensificaciones, la negociación- que parta de una situación de ajuste a la legalidad de quienes lo buscan es plenamente legítimo en un Estado de Derecho, según hemos venido razonando. Constatado ese ajuste, quedan, no obstante, varias cuestiones por responder. Para exponer del modo más didáctico posible mi pensamiento, trataré de articularlo respondiendo a varias preguntas, de las cuales esta penúltima entrega se ocupará de la primera.

 

1ª. ¿Cabe alguna negociación sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico?
En muy buena medida, la respuesta a este interrogante se encuentra, al menos latente, en los dos artículos precedentes. Por ello, resulta a estas alturas obvio que la negociación, por parte del Estado, de una cuestión que afecta a la eficacia del ordenamiento jurídico tiene a éste como límite patente. Es, por lo tanto, irrelevante lo que sostengan las partes, pues el Derecho vigente es, como venimos diciendo, innegociable. De este modo, no cabe pacto enderezado a dar una solución distinta de la prevista por el ordenamiento jurídico a fenómenos o conductas ya consumadas. Y, en este sentido, es absolutamente indiferente que la divergencia de la solución paccionada respecto de la prevista en la Ley sea solo parcial, por ejemplo, no castigar penalmente a los sublevados, aunque se revirtiera jurídico-políticamente el proceso de secesión ilegal emprendido -algo parece que inviable en el actual contexto, en virtud de la subrogación gubernamental operada por el art. 155 CE-; o, viceversa, castigar criminalmente a los responsables, pero ofreciendo una solución pactada a los efectos jurídico-políticos que de sus conductas se hayan podido derivar. Consumada la ilegalidad, de cualquier orden, la respuesta jurídica a la misma es, en principio, indisponible. Simplemente, el Estado no puede ceder en lo que no le pertenece.

 

Lamento tener que insistir en tamaña perogrullada, pero últimamente nos descubrimos en España, a cada instante, debiendo recordar las verdades del barquero. Permítaseme, sin embargo, profundizar un instante en esto, porque existen causas que explican por qué es precisamente en este momento histórico cuando nos vemos forzados a aclarar tales obviedades. En realidad, esas causas explican, a mi juicio, lo fundamental del problema: buena parte de las constantes apelaciones a un diálogo con los rebeldes; la insólita adjetivación de los que han sido encarcelados como “presos políticos”; los permanentes guiños a su deseable impunidad final; en suma, la tan difundida sensación de que los políticos secesionistas parten de una legitimidad, mayor o menor pero cierta, de la que no es acreedor el resto de quienes desafían al Estado de Derecho y que parece situarlos, en consecuencia, por encima de éste.

 

En efecto, vástago del endiosamiento de la razón que caracteriza al pensamiento moderno, la posmodernidad está presidida por la entronización de una ausencia de límites a la voluntad y al deseo. Ya sea individual ya colectivo, éste es concebido como un factor suficiente y determinante para movilizar, de modo incondicional, los resortes de las distintas instancias sociales y políticas (familia, comunidades intermedias, Estado) en orden a su satisfacción. El aderezo perfecto para esta totalización del deseo es el sentimentalismo, verdadera ideología posmoderna y auténtico motor de la sociedad presente. “Yo me siento catalán”, “mi deseo es la independencia” se erigen, pues, en muestras de los argumentos absolutos y máximos de esta generación virtualmente onírica.

 

La idea del sentimentalismo como ideología trasladada a nuestra política actual opera así: yo siento emocionalmente algo y fuerzo que esa emoción se satisfaga constantemente (en la política, la educación, los medios y todo tipo de servicios), haciendo así que del deseo nazca la necesidad. El siguiente paso implica reconocer mi sentimiento-exigencia como un auténtico derecho, con su traducción macroscópica: la constitución en Estado independiente de la comunidad de mis sueños, de modo que pueda materializarse esa visión idílica: una etnia singular, diferenciada, cristalizando así el proverbial “hecho diferencial”, un concepto tan absurdo (pues cualquier comunidad humana podría invocar alguno) como decididamente xenófobo. Resulta evidente que el sentimiento forma parte de la condición humana y es necesario y bueno, siempre que acompañe a la razón y a la verdad, no, en cambio, cuando las entierre.

 

Escuché a un amigo filósofo, como una ley contrastada, que cada puntual satisfacción de un deseo no solo mantiene, sino que incrementa la intensidad con que éste demanda su retribución sucesivamente. Y, dependiendo del ímpetu de esa demanda, el reiterado contentamiento del deseo llegará a absolutizarlo y podrá no dejar nada más en el horizonte vital del sujeto. Cuando el anhelo o la aspiración, personal o compartido, madura en un ambiente dotado de los nutrientes adecuados, cualquier iniciativa posterior para su reconducción genera una frustración tan desmedida y pasional como el deseo mismo. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en España en los últimos cuarenta años. Se ha abandonado hasta tal punto a Cataluña en manos del nacionalismo, que esta reacción -ya tardía, por tanto- del Estado de Derecho ha dejado estupefactos a los secesionistas, ensimismados en la autorrealización irrestricta de su fantasía libertaria, sin admitir ninguna referencia ni límite.

 

Estoy, pues, persuadido de que no es que no quieran aplicar el Derecho. Como en la parábola evangélica del rico Epulón, a quien su dureza de corazón impedía siquiera ver a Lázaro, el problema del secesionismo -exceptuando, seguramente, a sus élites políticas- no es tanto que no quiera subordinarse a normas jurídicas, que también, sino que no las ve. Con la inestimable colaboración de los poderes del Estado, ha impuesto como paradigma un desprecio tan formidable hacia cualquier parámetro cultural español y, sobre todo, a su ordenamiento constitucional que, sencillamente, no lo concibe como un límite plausible, mínimamente legítimo, a sus deseos de liberación colectiva. Luego lo que contemplamos estos días no es, en definitiva, un panorama tan disparatado. Muy a pesar de sus protagonistas, a cada paso demuestra ser una españolada, pero no carece de cierta lógica interna. Imagino que, hasta cierto punto, se asemeja a la reacción del niño consentido al que se ponen límites, por primera vez, cumplidos los veinte: la perplejidad en tránsito hacia la irritación y, finalmente, la rebeldía.

 

El colofón de todo este mejunje es una ensoñación que acapara el planteamiento vital del sujeto. Para que la misma se articule en un pensamiento políticamente totalitario basta con agitarla convenientemente. Y vaya si se ha agitado. De modo que, si individual o socialmente los efectos del nacionalismo identitario son devastadores, en lo político esta ideología ha dado lugar a una forma de democracia degradada, que empieza por agrupar opciones políticas que, en un contexto democrático medianamente saludable, se repelerían al instante, pero que, como andróginos caníbales, mientras se devoran atrozmente, permanecen unidas en torno a una sublime aspiración: la separación y la fractura. Escuchar y leer, atónito, las reacciones de tanta gente, dentro y fuera de Cataluña, ante el encarcelamiento de algunos de los responsables de este episodio, sus expresiones de indignación, incluyendo llantos, etc., no hace más que reafirmarme en este triste diagnóstico de sociopatía galopante.

 

Este régimen que ya se ha denominado de la posverdad puede explicar, al menos en parte, por qué casi una generación entera de ciudadanos -insisto, ni mucho menos solo en Cataluña- criada a los pechos del Estado, colmada de bienes materiales y de servicios en la mayor parte de los casos, que no ha tenido siquiera que arrugarse la camisa para defender las libertades que disfruta, esté absolutamente persuadida de que el vigente régimen constitucional es un producto exclusivo de las élites franquistas o de que proclamar la independencia de una parte del territorio nacional es no solo algo perfectamente lícito y democrático, sino un derecho fundamental inalienable, y su represión un acto de totalitarismo centralista. En la peculiar formación cultural que han recibido, la expresión justificativa de este planteamiento consiste en que las leyes no son legítimas, precisamente porque constriñen la realización incondicionada de sus particulares anhelos, unilateral y arbitrariamente ascendidos a la categoría de derechos. Pero, repárese, este constructo es puramente totalitario e incuestionablemente preliberal, como recordaba hace semanas el Profesor Francesc de Carreras.

 

El planteamiento liberal es justamente el contrario. La libertad individual es la clave de bóveda del sistema político, pero hay cosas que el sujeto no puede elegir, sino que debe asumir porque le vienen dadas: hechos biológicos, pero también sociales o políticos, entre ellos la nación a la que pertenece. La estabilidad de esos elementos básicos es fundamento del bienestar de la comunidad y su garantía una de las escasas funciones que competen inexpropiablemente al Estado. Los sujetos pueden, como es natural, sentir lo que quieran y expresar su divergencia con ese status quo por los cauces y con los límites legalmente previstos, pero de ningún modo pueden alterarlo o desconocerlo. Y esa inmutabilidad de los elementos externos que dan recognoscibilidad a la nación y, sobre todo, del Estado como organización política, es un mecanismo insustituible para la preservación de la paz social. Al mismo tiempo, en la democracia liberal (no en la popular, a la que algunos parecen querer llevarnos) —que es la vigente, con sus defectos, en nuestro entorno occidental— legalidad y legitimidad coinciden, de modo que las normas emanadas de las instituciones del Estado son legítimas, precisamente, por su origen democrático y el respeto a unos procedimientos formales tipificados. La escisión entre una y otra, fundamentada en el origen de la ley, es inadmisible en una democracia moderna y, desde luego, fuente de soluciones totalitarias, como la examinada (SIGUE).

 

 

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