Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Sobre diálogos (IV)

Miércoles, 15 de noviembre de 2017 | Manuel Fernández Salmerón

2ª. ¿Es posible negociar la modificación del ordenamiento jurídico para atender, en mayor o menor medida, las reivindicaciones secesionistas?


Sí. Ciertamente, a priori nada impide que mediante los mecanismos jurídico-formales establecidos pueda abrirse paso una modificación de nuestro modelo constitucional de reparto territorial del poder político. Como se verá seguidamente, todo dependerá del alcance de la reforma (un puntual ajuste o una ruptura de la unidad nacional) y de que la misma se oriente a la gestión más eficaz de la cosa pública, el bienestar de los ciudadanos y el respeto al proyecto común de España. Esta teleología es esencial y está desterrada en España a la hora de planificar y ejecutar políticas descentralizadoras, diseñadas, con pocas excepciones, a impulsos de la coyuntura política. Nuevo, pero inevitable, homenaje al célebre Perogrullo: el bien común ha de ser siempre la guía de cualquier alteración en la distribución del poder político -tanto en sentido ascendente como descendente-, vigilando que mayores transferencias territoriales de competencias se acompañen, indefectiblemente, de mayor eficacia y no sirvan a otros fines espurios: más poder para las élites locales o sobredimensionamiento de ficticios “derechos colectivos”, en detrimento de los individuales de los ciudadanos. Debemos admitir que en esto no hemos acertado.

 

En todo caso, conviene reparar en varias circunstancias, porque sobre esto los equívocos en España son mayúsculos. Lo primero que cabe decir al respecto es que, como señaló en su día el Prof. Jiménez de Parga, no es lo mismo derribar el edificio constitucional que operar en él cambios y ajustes en aspectos secundarios, muchas veces necesarios. En tal sentido y sin perjuicio de las consideraciones que hacemos en la siguiente y final entrega, una modificación e incluso profundización en el Estado de las Autonomías, que no afectara al principio constitucional de la indisoluble unidad de la Nación española, sería viable desde el punto de vista jurídico. Los requisitos para operar una reforma en tal sentido son simples: aprobación del proyecto por mayoría de tres quintos en cada Cámara o, caso de no prosperar tal mayoría, creación de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por las respectivas cámaras. Si este procedimiento tampoco prospera, “siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma”. Aprobada la iniciativa por cualquiera de las vías expuestas, se someterá a referéndum para su ratificación cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

 

En cambio, una reforma que afectara al principio indisolubilidad de la Nación -esto es, que supusiera, en cualquier grado, una quiebra de la soberanía que corresponde al pueblo español- encontraría dos obstáculos muy importantes. El primero sería el propio procedimiento para la reforma, especialmente agravado: aprobación de la iniciativa por mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una vez aprobada de este modo, la reforma debe ser sometida necesariamente a referéndum para su ratificación.


Pero el segundo obstáculo es de mucha mayor enjundia. Digamos que el Estado -y su aparato jurídico- da forma a la Nación y, aunque le sirve de soporte político, no la precede. Dicho de otra manera: es España el fundamento de la Constitución y no al revés, como se empeñan algunos leguleyos con obsesión enfermiza. En efecto, podríamos decir que la Norma suprema es como un traje diseñado para un individuo, un guante para una mano o, mejor aún, un edificio para una familia, siguiendo el símil del Profesor citado. Si matamos al individuo o lo sustituimos por otro, si cortamos la mano o diseminamos a la familia, no existirá ya propiamente Constitución o, si la hay, desde luego ya no será referible al mismo sujeto. Por eso, nuestra Ley de leyes es muy clara al señalar que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; es decir, que es el texto constitucional el que parte de la unidad de España, no el que la instituye. Tan es así que, en cambio, acto seguido el mismo precepto dispone que la Constitución “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Autonomía, pues, que ya no es un dato fundante de la Norma normarum, sino una realidad posconstitucional y, por ello, mucho más contingente y disponible. ¿A que del contexto político actual se infiere, prácticamente, el dato contrario?

 

De modo que admitir la segregación, inmediata o diferida, de alguno o algunos territorios de España o, de cualquier modo, la limitación de la soberanía que corresponde al pueblo español, por vía de reforma constitucional, puede que fuera viable desde una óptica estrictamente formal (formalista o de totalitarismo legal, como lo denominó Julián Marías), pero constituiría no ya una amputación, sino un auténtico e inverosímil suicidio colectivo inducido, con consecuencias imprevisibles desde muchos puntos de vista. ¿Puede entonces España terminar con España? Insisto, desde la óptica jurídico-formal puede que sí, aunque esa nueva realidad constitucional amputada no sea ya referible a España. Conviene ser conscientes de esto, que no se reduce ni mucho menos en un simple asunto de nomenclaturas.

 

Ahora bien, creo que, desde un punto de vista moral, de responsabilidad histórica, sin duda esa reforma no sería posible. Se ha ridiculizado tanto la apelación joseantoniana a España como “unidad de destino en lo universal”, que hemos perdido por completo la idea -imprescindible en cualquier patriotismo sensato- de nuestro país como un proyecto histórico no patrimonializable y, con ello, la capacidad de comprender en su justo alcance la rotunda afirmación que hacía el mismo Julián Marías, hace treinta años: “un país no es propiedad de los presentes, pertenece a todas las generaciones que lo han constituido y todavía más a los venideros”. En su vertiente retrospectiva, esta idea es exactísima, incluso en aspectos perfectamente tangibles, como el bienestar y las libertades que hoy disfrutamos. Todas ellas deben mucho a quienes -incluyendo multitud de catalanes- defendieron España a lo largo de siglos, tantas veces con su propia sangre. Tenemos, creo yo, un derecho muy limitado a desmentirlos y deshonrarlos. De ahí una clara lección para políticos: o se tributa reconocimiento y admiración a quienes dieron su vida por defender la independencia y la unidad de España o se vende ésta a precio de saldo. Honra o deshonra. Las dos cosas al tiempo, no.

 

Sea como fuere, hemos visto que no existía posibilidad de negociación sobre el ajuste al ordenamiento jurídico, pero es que, por otra parte, tampoco termina de existir una verdadera capacidad de negociación de los poderes públicos en relación con la configuración futura del ordenamiento constitucional, pues dicha configuración definitiva no les corresponde por entero a ellos, sino a la soberanía nacional. Sobre todo, si el modelo de reforma que se proponga -como es previsible- se aproxima más a una federalización, cualquiera que sea el significado que termine por darse a esta expresión. En efecto, se podrá dialogar sobre posibles itinerarios jurídicos e incluso patrocinarlos ante los ciudadanos, pero nunca ceder posiciones sobre ellos, pues el diseño final del poder territorial en España corresponderá, como decimos, al pueblo.

 

No obstante, terminaré señalando que conviene no minusvalorar en absoluto una iniciativa política a favor de la reforma. En efecto, en esta España enferma de partitocracia, un acuerdo entre las principales formaciones -como parece que ya existe- para promover una modificación constitucional, en el sentido indicado, es muy peligroso, en el preciso sentido de antidemocrático. Seguramente, en pocos asuntos la divergencia entre la opinión popular y la posición de los partidos sea mayor, de modo que muy probablemente pocos españoles sean proclives, a día de hoy, a emprender esta senda. Pero ello parece importar muy poco, porque -como sucede con los refrendos que, en según qué contextos, tienen una connotación altamente antidemocrática y plebiscitaria-, estos mecanismos tienen sus trampas. Se inicia el procedimiento, se aprueba un texto que se ofrece al electorado como un pacto de Estado y ahora a ver quién es el guapo que se resiste. A este sofrito añadámosle el aliño de la presión mediática, la propaganda y los complejos de autoritarismo; lo removemos, le ponemos una hojita de menta y, voilá: trampantojo de voluntad popular, emplatado y bien presentado para su ratificación. Y todo ello sin que la mayoría del pueblo haya manifestado, en ningún momento, una voluntad clara de dar ese paso, sino más bien de todo lo contrario. Creo que las pruebas de que la democracia funciona a veces así, como una pantomima, son bastantes. Eso sí, consumada la operación, con suerte, dentro de treinta años a cambiar otra vez el menú, porque a uno o dos comensales no les termine de agradar. (Sigue)

 

Artículos de opinión relacionados
Manuel Fernández Salmerón
Manuel Fernández Salmerón
Manuel Fernández Salmerón
Manuel Fernández Salmerón
Manuel Fernández Salmerón
Manuel Fernández Salmerón
Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
La participación en los comentarios de este medio implica la aceptación de las normas. Las opiniones mostradas son exclusivamente responsabilidad de los lectores y en ningún caso son reflejan la opinión de murciaeconomia.com
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
MurciaEconomía.com.
MurciaEconomía.com • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress