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Sobre diálogos (y V)

Martes, 5 de diciembre de 2017 | Manuel Fernández Salmerón


“La obra educativa que más urge en el mundo
es convencer a los pueblos
de que sus mayores enemigos
son los hombres que les prometen imposibles”

(Ramiro de Maeztu)

 

3ª. ¿Es oportuno o conveniente negociar la modificación del ordenamiento jurídico para atender, en mayor o menor medida, las reivindicaciones secesionistas?

 

La respuesta a esta pregunta requiere, a mi juicio, examinar algunas cuestiones clave que ayuden a darle contenido. En primer lugar, con carácter previo al diseño de ninguna propuesta de reforma constitucional sobre el modelo territorial español, una mínima lucidez impone examinar la evolución de la reacción estatal ante las demandas de los particularismos nacionalistas en nuestra historia reciente, así como los efectos resultantes. Exámenes estos de los que se desprenden conclusiones muy clarificadoras, que deben ser tenidas necesariamente en cuenta pues, como seres inteligentes, nuestro avance debe apoyarse en los peldaños de la experiencia. Dejando de lado el experimento revolucionario de la I República y la crisis cantonal, las tensiones disgregadoras del siglo XX, provenientes esencialmente de Cataluña y el País Vasco, se han traducido invariablemente en previsiones constitucionales netamente favorables a la descentralización reivindicada, pero que han terminado por ser sistemáticamente ninguneadas por las autoridades catalanas.


El 14 de abril de 1931, autolegitimados por unas elecciones municipales (práctica de extrapolación electoral, claramente antidemocrática pero generalizada entre los grupos revolucionarios de la época), los nacionalistas proclamaron la República catalana. Aplacados momentáneamente desde Madrid con la promesa de renuncias estatales inminentes, la Constitución de 1931, que contempló una generosa descentralización regional, terminó por dar cobijo a un Estatuto catalán, bien que rebajado en sus iniciales pretensiones federalizantes. Pero no fue suficiente, porque, nuevamente, los nacionalistas “se vieron obligados” a saltarse la legalidad y el 6 de octubre de 1934 Lluis Companys, a la sazón Presidente de la Generalidad, proclamó el “Estado Catalán” integrado en la República Federal Española, lo que suponía, además de un acto de extrema gravedad, una declaración harto singular, por cuanto implicaba la definición unilateral del modelo político del Estado del que, supuestamente, Cataluña se emancipaba.


Tras la aprobación de la Constitución de 1978, que integró, una vez más, las pretensiones nacionalistas mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía de “nacionalidades” y regiones, se inauguró un régimen de intensa descentralización con progresiva tendencia a la inestabilidad, debido a diversos factores: una larvada asimetría del sistema a favor de los territorios con fuerzas nacionalistas preponderantes, siempre ansiosas de una singularización jurídica de su status político, forzada a su vez por la actividad terrorista, sobre todo en el caso del País Vasco; una transferencia competencial seguramente poco meditada -propiciada, en buena parte, por la omisión de un listado cerrado de materias en la CE-, que ha posibilitado el florecimiento de una profunda desafección popular hacia España en esas regiones; un progresivo enfrentamiento territorial patrocinado desde ellas y una indisimulada deslealtad por parte de las autoridades nacionalistas hacia el Estado y sus instituciones y, en definitiva, hacia el proyecto común de España.


En un contexto tal, sorprendentemente, la respuesta de aquél no cambió un ápice: más cesiones. Ante las imparables reivindicaciones nacionalistas y aprovechando las tensiones políticas internas en Cataluña, en la que gobernaba un tripartito encabezado por los socialistas, el Presidente Zapatero declaraba en 2003 que las Cortes aceptarían cualquier propuesta de reforma estatutaria proveniente de Cataluña. En contra de la promesa del líder socialista, la reforma del Estatuto catalán de 2006 fue convenientemente corregida, en sede parlamentaria, de algunos llamativos excesos. Aun así, generó un salto cualitativo sin precedentes en el modelo territorial y todavía fue objeto de algunas tachas de inconstitucionalidad por parte del TC, que hubo de enfrentarse al examen de la norma estatutaria en un clima de presiones sin precedentes. Cómo de intensa ha sido la lealtad de los nacionalistas a esta enésima cesión del Estado, perpetrada hace poco más de una década, es algo que sabemos muy bien los españoles de 2017.


El trasfondo ha sido, pues, siempre el mismo desde el principio: con continuos desprecios al resto de los españoles, el Estado no ha cesado de atender las reivindicaciones de los partidos nacionalistas, sin que éstos hayan mostrado nada que no fueran actos constantes de desaprobación, victimismo y rebeldía. Resulta chocante leer los diarios de sesiones, que contienen las reacciones de diputados nacionales frente a las sucesivas deslealtades de los nacionalistas catalanes durante la II República. Las expresiones de ingenua indignación con los partidos denunciantes de los abusos secesionistas e, incluso, las invocaciones a la “cordialidad” frente a los rebeldes, fueron frecuentes y recuerdan, en un delirante paralelismo, el actual clima de inverosímil comprensión hacia los desleales. Nuevamente, el sentimentalismo como ideología política, esta vez sazonado con un tan insólito como perpetuo síndrome de Estocolmo, por parte de unos partidos y unas autoridades nacionales dotados de una incapacidad de previsión epimeteica, cuando no de un indignante seguidismo de los secesionistas. Se comprenderá, entonces, que antes de ofrecer diálogo a los nacionalistas sobre la reforma del modelo territorial de España, sea necesario reparar en que los precedentes no auguran, de ningún modo, ni lealtad ni satisfacción duraderas por parte de aquellos y concluir, por lo tanto, en palabras del omnipresente Julián Marías, que “no se debe intentar contentar a los que no se van a contentar”.


En segundo lugar, conviene asimismo examinar la lógica de una negociación a la luz de las pretensiones secesionistas. En efecto, negociar un nuevo marco jurídico significa negociar, en algún grado, la aceptación de las pretensiones secesionistas, pues todo o la gran mayoría del nacionalismo catalán hace tiempo que es fervorosamente independentista. En consecuencia, si presumimos que los nacionalistas operan racionalmente (lo que es mucho presumir), resulta difícil concebir la materia de negociación una vez que su aspiración, que han tratado de imponer ilegalmente, es la fractura. Hay reivindicaciones que admiten grados. Yo puedo creer tener derecho a una cantidad de dinero, pero conformarme estratégicamente con menos, no seguramente con mucho menos, pero sí con algo menos. Es un fenómeno cotidiano, por otra parte. Pero otras pretensiones no admiten reducción o fragmentación lógica, fruto de cesiones en el marco de una negociación. Si uno aspira a un Estado independiente, no tiene ningún sentido que admita cualquier otra fórmula devaluada, siquiera que solo implique una vinculación meramente testimonial con España (que, por otra parte, es, en buena medida, la existente a día de hoy). Según esa supuesta lógica nacionalista, no habría margen real para la negociación, pues lo que para el Estado es naturalmente innegociable, es para el secesionismo la única e irrenunciable aspiración.


Pero, claro, si el secesionismo se aviene, por el contrario, a un diálogo se pondrían de manifiesto, nuevamente, algunos datos elocuentes que convendría valorar para, precisamente, descartar la reforma constitucional que desean. Para empezar, la independencia no sería ya un axioma inamovible en su planteamiento político, sino -lo que muchos hemos sospechado- una herramienta de chantaje al Estado y a la sociedad española para el logro de objetivos menos épicos, del mismo modo que lo han sido el victimismo fiscal o la lacerante deslealtad político-administrativa. La independencia, “su” independencia, admitiría, pues, renuncias tal vez a cambio del reconocimiento de un poder y una libertad omnímodos —todavía mayores— para las élites políticas catalanas y de un acuerdo fiscal incuestionablemente ventajoso, coronados por un delgadísimo hilo de unión formal al proyecto común español, al modo vasco. No dudo de que, para la gran masa social del nacionalismo, la secesión siga siendo un objetivo vital e irrenunciable, pero, seguramente, la política “tiene razones que el corazón no entiende”. Y si, de paso, la maniobra fuerza algunas excarcelaciones, pues 'miel sobre hojuelas'.


Seguidamente, procedería analizar el patrón de cambio que se propusiera en el marco de la negociación. Ello implica ya entrar en el fondo de las eventuales fórmulas para la enmienda del actual sistema constitucional de distribución territorial del poder político. En este sentido, a mi juicio son tres los modelos ideales de reforma que podrían emprenderse. Según el primero, podría plantearse una profundización en la autonomía catalana mediante una mayor transferencia competencial, una alteración que intensificaría, inevitablemente, la asimetría del sistema, ya denunciada, y su consiguiente inestabilidad. Esta sería, creo yo, la más innecesaria de las reformas, por varios motivos: para incrementar el techo competencial de Cataluña no hace falta necesariamente reformar la CE, pero es que, sobre todo, resulta ridículo imaginar que la gravísima crisis nacional que han provocado los nacionalistas haya estado motivada, en todo o en parte, por un “quítame allá un par de competencias”.


La segunda línea de reforma podría centrarse en la clarificación y el consiguiente asentamiento del sistema autonómico que se concretase, sobre todo, en la determinación, de una vez por todas, de las competencias tasadas correspondientes a cada instancia territorial, así como en el marco para la financiación de dicho sistema. Ambos aspectos -lo señalaba hace apenas unos días el Prof. Tomás Ramón Fernández- son la clave para la mejora del Estado autonómico y su racionalización. Su mira sería, además, el interés general de España, su estabilidad territorial y una mayor justicia de su modelo social; no, en cambio, un pertinaz y estéril nuevo ensayo de satisfacer a los colectivos nacionalistas. Es más, esta reforma habría necesariamente de comportar un cierto retorno competencial (señaladamente, en Educación) a favor de las autoridades centrales del Estado. Desde luego, albergo pocas esperanzas de que el itinerario de modificación constitucional transite por estos derroteros, pero nada espero más que equivocarme.


El tercer camino de reforma que puedo concebir -bien de forma aislada, bien conjuntamente con las medidas del primer modelo- podría consistir en la formalización de un federalismo del privilegio, esto es, de una serie de reconocimientos constitucionales a la especificidad (lingüística, cultural, histórica, hacendística o incluso “nacional”) de algunos territorios, por de pronto superfluos, dado que se trata, en la mayor parte de los casos, de elementos singularizantes sobradamente protegidos. Ello supondría, a mi juicio, profundizar en el error del que ya partió el texto constitucional de 1978, agravando las desigualdades entre ciudadanos y dando, una vez más, argumentos para la legitimación de las aspiraciones soberanistas del nacionalismo.


Ignoro si esta última idea se aproxima, en alguna medida, al “federalismo” que lleva patrocinando, entre otros, el PSOE desde hace años, sobre todo porque, hasta donde sé, este partido nunca ha explicado con detalle el contenido de su propuesta. La verdad, cansa recordar que España es ya un Estado materialmente federal. Es, de hecho, el segundo país con más descentralización del mundo, precisamente por detrás de uno de sus pretendidos modelos, Alemania (dato cuantificado en un reciente estudio). Ya me dirán ustedes, entonces, qué acuerdo lógico puede formalizarse en este campo que no suponga la virtual separación de Cataluña. Ahora bien, si ese supuesto federalismo que se patrocina no buscase un incremento competencial apreciable (para el que escaso margen queda, todo sea dicho), sino un cambio en la fórmula de vinculación que —como se suele repetir incansablemente— haga sentir más cómoda a Cataluña en España (olvidando que, en una familia, el bienestar individual de cada miembro depende de un proyecto colectivo, en el que todos están responsabilizados), entonces habrá que explicar qué se pretende y el modelo a seguir, que yo particularmente ignoro.


Ese federalismo sería, por de pronto, asimétrico si otorgara cualquier condición privilegiada a Cataluña o a otras Comunidades Autónomas, frente al resto de territorios, con el consiguiente riesgo de consagrar desigualdades territoriales -y ciudadanas- muy difícilmente justificables. Empezaré diciendo, sobre esto, que no conozco ningún caso de federalismo asimétrico en el mundo, salvo, tal vez, el canadiense -modelo áureo del secesionismo catalán- y con muy importantes reparos. Pero el paralelismo entre las relaciones de Canadá son su región francófona de Quebec y las del resto de España con Cataluña me parece implanteable, por razones que no es preciso explicar con detalle. Bastará remitir a una lectura atenta sobre la formación histórica del Canadá y sobre la posición en que quedaron los colonos franceses allí, para entender el abismo existente entre los procesos históricos de formación de ambas naciones.


Con todo, la célebre Ley de Claridad admite la posibilidad de referéndum para decidir la secesión de partes de Canadá, siempre bajo una fuerte tutela de la Federación. No obstante, introduce una trascendental medida de pura Justicia, que en España no se recuerda apenas: el derecho, condicionado, a la autodeterminación de los territorios de la actual Canadá es extensible a aquellas comunidades que, en el interior de tales territorios, manifiesten una voluntad de permanecer vinculados a la Federación. De hecho, esta cláusula ha templado considerablemente el ímpetu separatista de los quebecois, al suponer una puerta abierta a la inviabilidad territorial y económica de la entidad secesionada (pues, al igual que en Cataluña, en Canadá el voto independentista desfallece considerablemente en las áreas más ricas y desarrolladas, como Montreal, mientras que tiene su campo natural de expansión en las zonas rurales y más deprimidas).


Ya sobre el federalismo en general, creo que en España se olvida que no es únicamente un sistema de reparto del poder político, sino que es, sobre todo, el modo de articular jurídico-políticamente un proceso histórico concreto. Por eso, el federalismo es inseparable de una unión nacional o construcción “centrípeta”, en la que unidades preexistentes de modo independiente acuerdan formalizar su voluntad de integración —por supuesto, permanente e incondicionada— en una unidad superior o sistema, que es propiamente la Nación. Recurrir al modelo federal, con las correcciones que se quieran, pero con pretensiones claramente “centrífugas”, esto es, para articular la distribución horizontal del poder político en un Estado históricamente integrado y unido, es algo así como que un atleta de élite use unos esquís para disputar los cien metros lisos. No solo no ganará, sino que podrá caerse o lesionarse y… hará el ridículo, que es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando su objetivo era correr y vencer, ha elegido un mecanismo ineficaz por inadecuado, que le retrasa y que ha terminado por hacerle daño. Por eso, ese sistema federal está radicalmente inadaptado para quien, tras un proceloso itinerario de siglos, ya ha logrado por otras vías esa misma integración. Cada país debe, pues, recorrer su camino y recurrir a las herramientas que mejor se adapten a su proyecto común. Incluso ante procesos de unificación nacional prácticamente idénticos, el federalismo no ha sido siempre la solución preferida, como lo demuestra el caso italiano frente al alemán.


Pero diré más. Cuando lo que se pretende recurriendo a un supuesto modelo federal es no solo no unir lo que estaba separado, sino poner los fundamentos para un proyecto de fragmentación, desigualdad y fractura social y política (imagino que nadie, a estas alturas, me pedirá pruebas sobre esto) de una realidad nacional plurisecular, habrá de convenirse en que el ridículo se torna entonces en trágico delirio. Pensemos que dos escolares deben diseñar una imagen en cartulina. Uno la tiene perfectamente trazada en su papel y el otro ha decidido construirla a partir de fragmentos que ha ido acopiando. Tiene pleno sentido que éste forme su figura final usando grapas o elementos similares, que unan las distintas partes, para cerrar su proyecto. Si el otro, que ya tiene el conjunto concluido, decidiera emular al primero, cortando en distintas partes el dibujo unitario y volviéndolas a juntar, concluiríamos que o bien busca debilitar deliberadamente el conjunto (algo de por sí poco juicioso) o bien necesita una visita urgente al frenopático. Temeroso, me resisto a cavilar sobre la respuesta de nuestros políticos nacionales ante estas dos tesituras.


Las razones apuntadas explican, en buena medida, por qué cuando en España se invocan los modelos federales -a su vez, tan dispares entre sí- para defender las expectativas secesionistas, siempre fallan estrepitosamente. Nuevamente, porque no se adecuan al proceso histórico de formación de la Nación española y, como decimos, se recurre a ellos para fines no “federales”, esto es, para objetivos distintos del fortalecimiento nacional, la solidaridad interterritorial y la integración (la orientación “centrípeta”, en sentido amplio). Por eso mismo dirá Menéndez Pidal, ya en la España de 1931, que “federarnos es algo parecido a divorciarnos”. Y por eso mismo, las apelaciones a este modelo en nuestro país han sido siempre interesada y rigurosamente selectivas. En efecto, en aquello en lo que verdaderamente son un ejemplo, el silencio es elocuente, ya sea desde la perspectiva de la permanente y militante voluntad de unión (tras la segunda entrega, me resisto a hablar de sentimientos); o de la lealtad institucional, escrupulosa y recíproca, que existe en estos países entre la Federación y los territorios que la integran, quebrada en España desde hace décadas; ya de las reformas recentralizadoras (en Alemania, la ultima este mismo año 2017), impensables en nuestro país, incluso -menos aún, quiero decir- en estos sombríos momentos.


En cambio, sobre algunas de sus debilidades internas -superadas en España, a la que sirven, por eso mismo, de antimodelo-, fruto de las especiales características de su proceso histórico de formación, surge una inoportuna pretensión ejemplarizante. Recientemente, un amigo me hablaba, encomiándolo, del modelo suizo de “política lingüística”. Alegaba mi interlocutor que, del mismo modo que allí en cada comunidad cultural intenta incorporarse, junto a la vernácula, la lengua de la vecina, todos los españoles deberíamos habernos implicado mucho más en aprender la cultura y la lengua catalanas. Todo como supuesto antídoto contra el independentismo. Pero, claro, mi amigo olvidaba algunos “detallitos sin importancia”, tales como que la cultura catalana hace siglos que está incorporada a la integradora cultura española; que la laminación del castellano en Cataluña tal vez no fuera la mejor campaña para promocionar ese objetivo; que, al contrario que Suiza, España no está constituida por dos grandes áreas culturales separadas; que habría más lenguas peninsulares que aprender y que estas no son ni armas arrojadizas ni meros pasatiempos, sino herramientas de comunicación; o que, precisamente, en Suiza… ¡no existe una lengua franca común!, por la que apuesto que pagarían la mitad de sus reservas de oro. En fin, cosas que tiene la pérdida colectiva de sentido común que, cada cuarenta o cincuenta años, parece experimentar este querido país nuestro.


La verdad, sin que sirva de precedente, en esta concreta materia prefiero el ejemplo italiano. Si Italia hubiera imitado nuestra política de reconocimiento (mejor, de recompensa) de los sedicentes hechos diferenciales, hace años que se habría disuelto como un azucarillo. A diferencia de España, en Italia existen más lenguas vivas que regiones, pues en todas ellas se localizan singularidades de esta índole, que se conservan, aunque nunca en detrimento de la integración y el proyecto común. El mapa es complejísimo, con difusión, aun minoritaria, de idiomas y dialectos muy diversos, desde el servo-croata o el véneto, al alemán pasando, incluso, por una presencia residual del catalán (alguerés) en Cerdeña. A diferencia de Cataluña o el País Vasco, hasta bien entrado el siglo XIX, todas las regiones italianas han sido reinos o formado parte de reinos y en todas hay, como decimos, presencia de singularidades lingüísticas, tan protegibles como la catalana o la vasca. Todas estas comunidades han podido ser “Cataluña”, pero lo cierto es que o no han querido serlo o no se les ha dejado. Y les va mucho mejor que a nosotros. Entenderán por ello -permítaseme el desahogo- que me genere un peculiar alipori escuchar a algunos colegas italianos de disciplina, por lo demás tan respetuosos y corteses, promoviendo la conveniencia de “diálogo” en España, cuando en su país -amárrense- están directamente prohibidas las televisiones públicas regionales. Benditos ellos, sin duda, pero “consejos vendo que para mí no tengo”.


Para concluir esta colaboración -desde hace bastantes párrafos, demasiado extensa- diré que los Estados-nación democráticos no son imposiciones arbitrarias ni proyectos improvisados, sino construcciones seculares, enormemente costosas en recursos, tiempo y medios humanos, que encarnan los proyectos de convivencia pacífica más perfeccionados de la Historia, por mucho que ese papel se quiera ahora transferir a sofisticadas organizaciones supranacionales, y que han tenido que luchar contra múltiples peligros disolventes. Con mucha razón, deben resistirse a su vaciamiento con todas las herramientas legítimas a su disposición, en cualquiera de las direcciones de origen de tal amenaza: desde arriba (UE) o desde abajo (entidades territoriales intermedias). Todavía en mayor medida, desde luego, si sus pretendidos subrogados son una constelación de proyectos totalitarios y liberticidas como el nacionalista catalán.

 

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