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Una solución política

Jueves, 8 de marzo de 2018 | Jesús Galindo

Por si alguien dudaba de ello, tras las últimas elecciones autonómicas en Cataluña y el resultado que las mismas ha determinado en la composición del parlamento autonómico, se ha iniciado la cuenta atrás para la culminación de la obra denominada 'El procés', versión 2.0. Una tragicomedia inacabada atribuida al popular político y actor Carlos Puigdemont, más conocido en el mundo de la farándula por ‘Puchi’; donde la mayoría de los que forman [Img #53899]parte del elenco de esta nueva versión son ya viejos conocidos, al haber desempeñado papeles secundarios en la primera edición de esta ópera bufa, a la que asistimos obligadamente, merced al inagotable poder de persuasión que los profesionales de los medios de comunicación (con la ayuda de algún meritorio como yo) le estamos prestando.

 

Dejando al margen esta introducción, en tono desenfadado, para no caer en la tentación de avinagrar excesivamente esta crónica, en el momento de escribirla, el expresidente Puigdemont acaba de anunciar que retira su candidatura a presidir la Generalitat y, en su lugar, propone a su fiel escudero (exlíder de la Asociación Nacional Catalana) Jordi Sánchez, que como todos Vds. saben lleva encarcelado de manera preventiva, desde el pasado mes de octubre, en la cárcel de Soto del Real. Esta circunstancia complica sobremanera la situación político-jurídica en relación con la gobernabilidad de Cataluña, y en particular con la elección de Presidente, que tiene que realizar el Parlament.

 

Hasta ahora, la pertinaz insistencia en elegir ‘en diferido’ a Carles Puigdemont, había chocado frontalmente con las resoluciones de los letrados de la Cámara y del Tribunal Constitucional, que le obligaban a presentarse previamente ante la justicia. Sin embargo, los ciudadanos que están en estos momentos en prisión, como medida cautelar, continúan gozando de todos los derechos políticos al “disfrutar del principio de presunción de inocencia”, y legalmente no debería existir ninguna incompatibilidad para ser proclamados candidatos, dado que no han sido condenados (en cuyo caso eso sí que les habría supuesto la inhabilitación).

 

Este hecho, incuestionable por otra parte, y que ampara la total legitimidad de los ciudadanos de nuestro país a ejercer sus derechos políticos hasta tanto no haya sentencia en firme que lo impida, choca frontalmente con la cruda realidad y con la aplicación del sentido común a la hora de analizar esta cuestión, sobre la que nadie tiene dudas en cuanto a su inviabilidad operativa y procedimental (que no jurídica). A nadie se le escapa que una persona, que está en prisión, que tiene una serie de derechos civiles limitados (visitas, comunicaciones…) y que está sujeta a un régimen disciplinario extraordinario, no puede desarrollar una actividad política, de la envergadura y responsabilidad como es la presidencia de una Comunidad Autónoma, con las garantías mínimas que un caso así requiere. Eso es algo obvio, pero sin embargo podría ser legal que lo ejerciera, y un Juez –que no debe entrar en disquisiciones que no sean las estrictamente jurídicas- difícilmente podría impedir la proclamación de su candidatura, su posterior elección y –lo más complicado- el ejercicio de su actividad compatible con su situación penitenciaria.

 

Existe un antecedente de una situación similar, ocurrida hace 30 años, cuando un preso fue candidato a lehendakari vasco. Se trata del entonces diputado Juan Karlos Yoldi, que se encontraba en prisión provisional por su presunta pertenencia a ETA, y que acudió el 26 de febrero de 1987 al Parlamento vasco para el debate de investidura como candidato de Herri Batasuna.

 

Es, por tanto, esta una situación verdaderamente endiablada que, indudablemente, está perfectamente planificada por los independentistas y que lo que pretenden, más allá de conseguir la gobernabilidad de Cataluña, es desgastar al Gobierno español y a la Administración de Justicia con el objeto de utilizar estos argumentos como elementos de confusión y tergiversación, y manipularlos dentro del plan de difusión y comunicación, a nivel internacional, que estos presuntos delincuentes tienen montado y para lo que han demostrado ser unos verdaderos expertos.

 

Este problema debe ser tratado con exquisita prudencia, y por eso yo trataría de no involucrar a los tribunales de justicia más allá de lo que ya lo están haciendo. Esto es una cuestión que se debería tratar desde un plano estrictamente político y con la utilización de las herramientas que esa misma política, a través de los procedimientos administrativos, le otorgan al Gobierno. Cualquier tipo de recurso ante los tribunales pondría en un brete al sistema de justicia, que tiene que ser 'ciego' y tiene que atender los legítimos derechos políticos de un parlamentario en activo y al que no le han coartado ninguno de esos derechos. La justicia no debería entrar en este laberinto y el Gobierno no debería ni intentarlo.

 

Sin embargo, lo que sí que se puede hacer es: ante una situación de ingobernabilidad de Cataluña que –a su vez- es debida a las condiciones objetivas de limitación de la capacidad de acción por parte de una persona que está privada de libertad, el Gobierno podría instar la continuidad en la aplicación del artículo 155, con el objeto de hacer cumplir, a la Generalitat, las “…obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan…”, y poder, así, garantizar “…el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones…”. Asumiendo, de esta manera, las responsabilidades derivadas de esta medida y evitando entrar, a los tribunales de justicia, en un laberinto que podría tener otras consecuencias más perjudiciales.

 

Mientras tanto, los dirigentes del Partido Popular deberían ser más cuidadosos cuando se refieren, de forma descaradamente electoralista, a que la implantación del artículo 155 y sus beneficios para la gobernabilidad de Cataluña se han debido gracias a la decisión de Rajoy; olvidándose que esta medida se tomó con el acuerdo unánime de todos los partidos constitucionalistas (como no podía ser de otra manera). No es bueno que lo olviden en un momento en el que nuestro país sigue necesitando de un consenso en torno a la unidad territorial, para afrontar un problema que aún no se ha resuelto, y que va a precisar de un firme acuerdo por parte de los principales partidos y formaciones políticas.

 

En síntesis, una solución política y no estrictamente judicial.


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