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PROPUESTA

Bruselas quiere regular las plataformas de ‘crowdfunding’ en la toda la UE

La Comisión Europea propone un único ‘sello’ para poder actuar en todo el territorio comunitario

Jueves, 8 de marzo de 2018 | Redacción

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La Comisión Europea (CE) propuso hoy crear una ‘etiqueta’ que identifique a las plataformas de financiación colectiva -más conocida como ‘crowdfunding’- que cumplen ciertas normas, para permitirles operar en todos los Estados de la Unión Europea con una única autorización.


La propuesta fija las reglas comunes que deberán seguir estas firmas, hoy sujetas a las normas del país dónde se establecen, y prevé que la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) sea la única encargada de concederles la autorización y de supervisar su funcionamiento.


Las plataformas de financiación colectiva que funcionan en Internet permiten a los usuarios anunciar proyectos para conseguir financiación de particulares, lo que las ha convertido en especialmente atractivas para las empresas emergentes, que al principio tienen dificultades para conseguir financiación tradicional.


Sin embargo, en Europa el mercado está fragmentado porque están sujetas a las respectivas normas nacionales y expandirse en otros países es complicado y costoso, motivo por el que Bruselas quiere eliminar estas barreras de modo que los proyectos cuenten con más inversores potenciales y los inversores con más opciones para su dinero.


El plan sólo cubre aquellas plataformas en las que el inversor recibe un retorno por los fondos que puso, ya sea a través de acciones o bonos de la compañía en la que invierte o porque la financiación se hizo en forma de préstamo entre particulares.

 

Quedan excluidas las que funcionan con donaciones y recompensas y los proyectos de mayor envergadura, a partir de un millón de euros en un año, puesto que ya están reguladas por otras leyes europeas.

 

Obligación de informar de los riesgos

Las normas, de aprobarse, obligarán a las plataformas a informar a los inversores de los riesgos de la financiación colectiva y a hacerles un test que pruebe que lo entienden.


Deberán dar información clave sobre los proyectos -sobre el emisor, las posibilidades de reclamación legal o las tasas, entre otros- en un documento similar al que ya utilizan las entidades financieras, y no podrán aceptar comisiones por inducir a los clientes a invertir en ciertos proyectos.


La ESMA se encargará en colaboración con los supervisores nacionales de vigilar que los impulsores de los proyectos no tienen antecedentes criminales o en materia de lavado de dinero.


La autoridad europea podrá llevar a cabo inspecciones "in situ", retirar las licencias e imponer multas.


La propuesta debe ahora ser negociada por los países y el Parlamento Europeo para salir adelante.


En España en 2016 la financiación a través de plataformas de "crowdfunding" basadas en acciones ascendió a 10,7 millones de euros y en préstamos entre particulares a 13,7 millones, aunque la principal forma fue a través de recompensas (35,1 millones), según datos del centro europeo Crowfunding Hub.

 

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