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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Expertos fiscales confían en que Hacienda no perdone la deuda a las comunidades

Consideran que una quita de la deuda vulneraría la disciplina fiscal de la Comisión Europea

Miércoles, 2 de mayo de 2018 | Redacción

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Expertos en financiación autonómica esperan que la reestructuración de la deuda, que el ministerio de Hacienda está dispuesto a negociar en el trámite presupuestario, no suponga el perdón de la deuda a unas comunidades y de los intereses a otras, por lo que reclaman un componente de "equidad".

 

En declaraciones a Efe, el experto en financiación Alain Cuenca, que participó por Aragón en la comisión para la revisión del modelo, considera que la disposición 136 de la ley de Presupuestos habilita al Gobierno "a todo", es decir, "reducir intereses, ampliar plazos de devolución, poner periodos de carencia y hacer una quita a la deuda autonómica".

 

Cuenca subraya que la disposición "deja manos libres" al Gobierno "y en la medida que es amplia, es útil" si bien todo lo que decida deberá ser previo informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por lo que está "obligado" a negociar.

 

El también experto en financiación autonómica y director de Fedea, Ángel de la Fuente, cree que el Gobierno cuando plantea reestructurar la deuda "piensa más" en alargar los plazos de los pagos o mantener bajos los intereses que en hacer quitas.

 

De la Fuente, que aclara que esta es una "intuición" a título personal, admite que en la Comisión Europea hay "preocupación" por la disciplina fiscal de España "y en particular de las comunidades".

 

Sobre la opinión de Bruselas, el experto designado por la Comunidad de Madrid para la reforma del sistema, Jorge Onrubia, recuerda que si finalmente se opta por una quita a las comunidades se estará vulnerando la disciplina fiscal de la Comisión Europea, que no contempla el rescate unilateral de los gobiernos regionales "sean cuales sean los motivos".

 

También los gobiernos de algunas comunidades se han expresado tras plantear esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que la reestructuración de la deuda a autonomías y corporaciones locales se abordase en el trámite de enmiendas parciales.

 

En este sentido, la Xunta se mantiene contraria a una condonación porque supone discriminar a las comunidades que mejor gestionan y cumplen sus objetivos, y recuerdan que Galicia es la región que menos aumentó su endeudamiento desde 2008.


Equidad
En todo caso, dicen, una reestructuración se tendría que hacer en términos de equidad, con independencia del volumen de deuda que tiene cada comunidad.

 

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, sostiene que si el Gobierno opta por una quita sería "el camino correcto".

 

Puig recuerda que una parte de la deuda valenciana tiene que ver directamente con la infrafinanciación, "y es de justicia que se resarza de alguna manera".

 

"Hay otra que tiene que ver con la mala gestión, y esa sabemos que la tenemos que resolver nosotros", afirma.

 

El presidente valenciano añade que si se abre una vía de diálogo "nosotros vamos a estar, otra cosa es cómo se concreta".

 

A Canarias, la inclusión en la ley de Presupuestos de una disposición que permita reestructurar la deuda no le sorprende.

 

El Gobierno canario subraya que es proclive a que "todo o parte" del endeudamiento del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o Fondo de Facilidad Financiera (FFF) pueda ser destinado por las comunidades a financiar sus competencias en servicios públicos.

 

Y subrayan que cualquier condonación deberá efectuarse de forma uniforme, y en proporción a su PIB, o de forma preferente para aquellas comunidades que han presentado menor financiación, pero sin considerar en modo alguno los distintos niveles de endeudamiento.

 

Desde Asturias, el Gobierno recuerda que es contrario a un sistema de quitas indiscriminadas ya que supondría penalizar a las comunidades que han llevado a cabo una política responsable.

 

Pero sí valorarían que se realizase una reestructuración equitativa en el marco del Consejo de Política Fiscal.

 

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