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Los hechos probados

Viernes, 4 de mayo de 2018 | Jesús Galindo

La pasada semana la Audiencia Provincial de Pamplona hacía pública la sentencia judicial en la causa seguida contra un grupo de cinco amigos sevillanos, en lo que se ha denominado como el caso de 'La Manada'. Un [Img #54996]sumario, que ha llevado casi dos años, entre la instrucción y el juicio oral, que ha necesitado más de cinco meses para que el tribunal emitiera sentencia, ha tenido a la opinión pública pendiente del contenido de esta sentencia, y que ha despertado múltiples pasiones y reacciones en torno a un tema tan sensible como lo son aquellos que están relacionados con los delitos sexuales.

 

No es mi propósito entrar en el fondo de la cuestión, ni voy a cometer la osadía de posicionarme en ninguno de los “bandos” en los que se ha dividido la sociedad tras la publicación de la mencionada sentencia. Tan solo voy a tratar de transmitir mis sensaciones y el porqué de mi meditada neutralidad, que algunos podrían catalogar como todo lo contrario, dado el clima de crispación que existe y en el que subyace aquel aforismo que dice “si no estás conmigo estás contra mí”.

 

He de reconocer que he sentido vergüenza al ver a ciertos profesionales del derecho y a unos juristas, que me merecían un cierto respeto y consideración, como se manifestaban en las tertulias, insultando y tratando de hacer valer sus opiniones en un ambiente exasperado, y donde no han escatimado calificativo alguno en referencia a los magistrados componentes del tribunal enjuiciador. Una actitud que les resta toda credibilidad en sus argumentaciones, y que los sitúa fuera de juego a la hora de opinar sobre unas cuestiones que tienen un sesgo jurídico innegable y que precisan de un análisis riguroso y pormenorizado en relación con los argumentos que componen la causa. Por supuesto que se puede opinar, discrepar y hasta criticar, ¡faltaría más! Nadie, ni siquiera el poder judicial, se escapa a esta legítima expresión de la libertad, pero de ahí a ejercer una actitud calumniosa a nivel personal y a cuestionar la capacidad profesional de unos magistrados, por el mero hecho de no coincidir con lo que pensamos–por cierto- en la mayoría de los casos sin conocimiento de causa suficiente para ejercer esa crítica-, eso me parece una temeridad.

 

Han sido miles de ciudadanos los que, espoloneados por la rabia y movidos por un sentimiento de sincero apoyo a la víctima, han salido a las calles a manifestar su descontento, pero, sin duda, sorprende que esas críticas se produjeran de manera inmediata cuando ninguno de los manifestantes había podido tener un conocimiento reflexivo del contenido de una sentencia que tiene más de 350 folios. Es más, a día de hoy, sigo estando seguro que esa mayoría no ha conocido ninguno de los argumentos jurídicos en los que se basa el tribunal, y simplemente se han dejado llevar por el impulso de una marea que tenía ya sus pancartas, pegatinas y banderolas, impresas y confeccionadas de antemano.

 

La violencia se debe juzgar por los hechos probados y no por la cantidad de gente que sale a manifestarse. Esa no es la medida que tiene que valorar la justicia si queremos mantener la seriedad y la profesionalidad en el ejercicio de impartirla. Si la tipificación del hecho a juzgar no es la correcta o no se ajusta a lo que la sociedad demanda, pues se propone cambiar las normas que lo regulan, aunque yo soy de la opinión que una sentencia que se puede recurrir (existen diversas instancias superiores a las que apelar) no debe dar lugar a legislar, y menos en caliente como quiere hacer ahora el gobierno. España es uno de los países más garantistas de la UE, en cuanto a recursos se refiere; lo he referido en estas crónicas, en varias ocasiones, y lo vuelvo a recalcar sin cuidado a que se me tache de ingenuo. Dejemos que la última instancia (el Tribunal Supremo) dicte sentencia y entonces sería el momento en el que –si la sociedad lo demanda- el gobierno pudiera plantear cuantas modificaciones crea convenientes.

 

Las agresiones sexuales son, por supuesto, execrables y las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos le corresponde dirimirlas a la justicia, a través de las sucesivas apelaciones; y en último lugar, como ya he referido, al gobierno, que tendrá que valorar un posible endurecimiento de las penas o un cambio en el concepto y tipificación de estos delitos. Pero lo que no se puede consentir es que este tipo de cuestiones se diriman en las tertulias televisivas o que se tomen decisiones influenciadas por la presión popular en las calles.

 

Sin embargo, aquí hemos cogido el camino más fácil. A estos jueces se les ha puesto a los pies de los caballos, y se les ha llegado a tildar de terroristas, con publicación de fotografías, incluido el dibujo de dianas, como si de delincuentes se tratara. Se les ha vilipendiado, y por extensión al Poder Judicial; cuando estos profesionales de la justicia se han limitado a aplicar (con mayor o menor acierto) un criterio jurídico emanado de una legislación en vigor, basado en unos hechos que ellos han considerado probados, y que, por cierto, ha sido sentenciado con nueve años de prisión.

 

Como ha dicho Carlos Lesmes (presidente del CGPJ), todas las decisiones judiciales están, sin duda, sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión; pero aquí se han vertido determinadas críticas y descalificaciones que han emanado de personas que ostentan responsabilidades públicas, y –como ha ocurrido con las desatinadas declaraciones del Ministro de Justicia- que han comprometido gravemente la confianza de nuestro sistema judicial. Más bien ha dado la sensación que todos los políticos –de uno y otro signo- han salido corriendo a ponerse al lado de los manifestantes, no sea que pierdan la ocasión de ganar en rio revuelto lo que no saben hacer en el ejercicio de sus responsabilidades.

 

Noventa y seis segundos de un vídeo grabado por los acusados es la prueba más significativa, y nada concluyente, en la que los magistrados han tenido que apoyarse para dilucidar entre dos supuestos punitivos: intimidación o agresión sexual. Por otro lado, según aparece en el sumario, y en contra de lo que se había conocido hasta la fecha, la joven declaró que no hubo uso de la fuerza ya que “…iban cogidos de la mano… no le taparon la boca ni le hicieron daño para llegar al rellano del portal…”. La victima mantuvo con firmeza que ella no quería mantener sexo con los acusados, pero que “…tampoco pudo negarse porque no lo hablaron previamente…  entré en shock y me dejé llevar, sin que recuerde haber sufrido ‘dolor’ durante las relaciones no consentidas. …entré en pánico, sólo quería que acabara y cerré los ojos".

 

Con estos mimbres, los jueces han tenido que dilucidar sobre dos conceptos jurídicos: intimidación o agresión. Y lo sustancial es que estos no son unos conceptos entendidos en sentido coloquial, sino entendidos en sentido técnico-jurídico, y ahí es donde radica el nudo gordiano de todo este espectáculo. El Código Penal tipifica cada uno de estos supuestos y los separa por una delgada línea que es fácil traspasar cuando se somete al criterio de los juristas profesionales. Pero para eso están los sucesivos recursos y apelaciones y, en última instancia, la modificación de las leyes.

 

Frente a las reacciones de indignación de algunos sectores de la sociedad, comprensible por otra parte, conviene recordar las manifestaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando dice que: "…los juicios no son como las elecciones, que pueden ganarse usando los mítines, la radio y los periódicos... nadie puede ser castigado por un crimen sin una acusación rectamente hecha y un proceso limpiamente desarrollado en un tribunal libre de prejuicio, pasión, excitación o poder tiránico".

 

Quiero finalizar insistiendo en que no me estoy posicionando en favor de la sentencia.  Estoy en contra de lo que, considero, ha sido una reacción desproporcionada, por parte de un segmento significativo de nuestra sociedad, que ha puesto en entredicho nuestro sistema judicial y, lo que para mí es más importante, la profesionalidad y el honor de unas personas. Estoy a favor de la justicia, y de que esta se imparta con libertad, sujeta a críticas y discrepancias, pero sin ningún tipo de presiones.


Un amigo me dijo una vez que escribir es como desnudarse. Reconozco que me estoy desnudando y que muchos de Vds. no compartirán conmigo esta reflexión, pero yo lo he visto así, y así lo he querido contar.

 

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