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JUICIO

El ex presidente de la CAM se declara culpable del cobro irregular de 600.000 euros

Modesto Crespo aceptará una pena de un año de prisión y la devolución del dinero

Lunes, 14 de mayo de 2018 | Redacción

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El ex presidente de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo se ha declarado hoy culpable del cobro irregular de 600.000 euros en la sociedad Tinser Cartera SL, mientras que los otros 20 acusados -el ex director general Roberto López Abad y 19 ex consejeros de la entidad- han negado los hechos. Entre éstos se encuentran Ángel Martínez, ex presidente territorial, y José García Gómez, ex consejero de la entidad.


Esas manifestaciones se han producido en respuesta a las preguntas formuladas a cada uno de los acusados por el presidente de la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, Javier Martínez Marfil, al inicio de la primera sesión por el juicio de esta causa.


El tribunal ha rechazado suspender la vista oral, como habían pedido la mayoría de abogados defensores sin que la Fiscalía se opusiera a ello, por la falta de las actas de las reuniones de la comisión de retribuciones y del consejo de administración de la CAM entre 2004 y 2011.


Los magistrados han explicado que esa documentación había sido solicitada al Tribunal Supremo, que está examinando los recursos de los condenados en otro de los procesos que afectan a la antigua cúpula de la CAM, pero dicho órgano todavía no la ha enviado.


Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción y la Plataforma de Afectados de la CAM, que ejerce la acusación particular, habían aceptado un acuerdo ofrecido por la abogada de Crespo, según han confirmado varias fuentes jurídicas.


Esa propuesta pasa por una rebaja de la pena solicitada para su cliente, de cuatro a un año de prisión, por un delito de apropiación indebida agravada, a cambio de su confesión y la devolución del dinero: 200.000 euros ahora y los 400.000 restantes a plazos, en los dos próximos años.

 

Oferta de la Fiscalía

En cambio, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a retirar la acusación respecto a los ex consejeros, pero sí les ha ofrecido reducir de dos o tres años de cárcel, según los casos, a seis y nueve meses, respectivamente, su petición de condenas para ellos si se declaran culpables.

 

La plataforma de afectados, que agrupa a 800 perjudicados de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, sí está dispuesta a exculpar a esos encausados si incriminan a quienes consideran verdaderos culpables del fraude.


El presidente del colectivo, Carlos Pena, se ha mostrado convencido de que esos antiguos consejeros fueron “engañados” por López Abad y el también consejero y presidente de la comisión de retribuciones de la caja, Antonio Gil Terrón.


Esta causa es una de las que afectan a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruida como el resto por la Audiencia Nacional, que la derivó en 2016 a un juzgado de Instrucción de Alicante.


En esta primera sesión del juicio, dedicada a cuestiones previas, además de la suspensión rechazada por la sala, los abogados defensores han solicitado la comparecencia de nuevos testigos y algunos de ellos han pedido que se aparte a la acusación particular del proceso.


Así, el abogado de Roberto López Abad ha sostenido que la denuncia por administración desleal fue formulada “sin poderes” por parte de la Fundación CAM, ya retirada como acusación particular de esta causa.


Otro de los defensores, el del ex consejero Antonio Gil Terrón, ha cuestionado también la legitimidad de la otra acusación particular y ha dicho que en la causa no hay perjudicados, a menos que “el fiscal esté haciendo de recaudador del Banco Sabadell”.


El fiscal Felipe Briones ha calificado esa manifestación de “falta de respeto” y ha mantenido los términos de su escrito de acusación provisional tras distinguir entre el perjudicado y el ofendido de un delito.


Por su parte, el abogado Diego de Ramón ha recordado que él ejerce como persona física la acusación popular “desde hace nueve años”, así como la acusación particular, en representación de la Plataforma CAM por medio de “800 poderes que obran en la causa”.

 

La Audiencia Provincial resolverá las cuestiones previas más adelante para reanudar el juicio el próximo 4 de junio con los interrogatorios de los acusados, aunque ha dispensado de asistir a todas las sesiones a dos de ellos, Aniceto Benito, por motivos de salud, y al propio Modesto Crespo, por una intervención quirúrgica a su mujer.

 

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