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Una secesión en diferido

Viernes, 27 de julio de 2018 | Jesús Galindo

Tras la llegada del nuevo inquilino a La Moncloa, se ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones entre el Estado y el Gobierno de la Generalitat en Cataluña. Una etapa cargada de simbolismos y de gestos, por ambas partes, que parecía propiciar una cierta distensión en la sociedad catalana y, sobre todo, una nueva forma de encarar la crisis creada, dentro de unos límites que estuvieran marcados por la sensatez y por la cordura.

 

[Img #57002]En principio, todo parece alumbrar que los primeros contactos que se han mantenido han conseguido relajar algo la tensión, aunque, por parte de la Generalitat, sigan insistiendo en los tradicionales mantras a los que nos tienen acostumbrados y que, cada vez más, se les nota que están fundamentados en mensajes de cara a la galería (léase los independentistas más recalcitrantes), a los que les han estado engañando sistemáticamente y a los que, ahora, no pueden dejarlos tirados sin más.

 

En el fondo yo creo que, los regidores del gobierno catalán, están convencidos de que, en la actualidad, es imposible materialmente llegar a conseguir una República independiente. No pueden manifestarlo, pero son conscientes, a la vez que prisioneros, de una realidad que les ha ido minando poco a poco, desde la consulta del 1-O, y de la que no saben cómo salir sin que sus propios radicales, a los que han estado alentando, les zurren la badana.

 

En este contexto, el independentismo “moderado” ha urdido una hoja de ruta a medio plazo, tendente a “facilitar” las condiciones objetivas necesarias para la materialización de un próximo “golpe”, en el que se darían una serie de condiciones favorables a su consecución y que persiguen hacer inviable la oposición del Estado.

 

Esta estrategia, al parecer, está basada en unas reflexiones que Artur Mas hacía al Financial Times pocos días después del fallido intento de secesión. En dichas declaraciones, el político catalán, reconocía que no se podía declarar la independencia cuando no se tiene el “control de las infraestructuras (puertos aeropuertos…), de aduanas y de fronteras, conseguir que la gente pague a la Hacienda catalana y que haya una administración de justicia, nombrada por la Generalidad, que haga cumplir las leyes catalanas”.

Pedro Sánchez ha manifestado claramente su decisión de apoyar el pacto y la negociación, cuestión esta que no está mal planteada si todos jugaran limpiamente. Pero esto parece que no es así y todos sabemos que una de las partes sentada a la mesa lleva las cartas marcadas, aunque lo peor es que la otra lo sabe y le deja jugar.


Desde el núcleo duro del PSOE se apuesta por dar un mayor autogobierno a Cataluña, cuando, de todos es sabido, que una de las causas por las que el independentismo se ha enraizado tanto en tan poco tiempo, ha sido como consecuencia del profundo desarraigo que tiene el Estado en esta Comunidad. Un desarraigo que se ha producido merced a las competencias transferidas a la Generalitat y a la falta de visibilidad y presencia social de las políticas estatales en la autonomía catalana.  No parece aconsejable, por tanto, que en este momento se tengan que potenciar las políticas autonomistas, mediante el incremento de más transferencias que, sin duda, aumentarían esa brecha social y abundarían en el desarraigo del Estado.

 

Estas cesiones, lo único que van a propiciar es la intervención total, por parte del gobierno secesionista de Cataluña, de determinadas infraestructuras y servicios vitales, como son: el control de Puertos, Aeropuertos, Aduanas, Inmigración, Justicia, y Hacienda, entre otros, y como paso previo a la materialización de una nueva declaración de independencia, en la que cabría un alto índice de probabilidades de salir exitosa.

 

A todo esto, Pedro Sánchez se encuentra prisionero de su desmedida ambición por ejercitar el poder a cualquier precio. Su alianza con la izquierda más radical (Podemos) y con los partidos independentistas, le hacen soñar y ya está pensando en conseguir su primera victoria en unas elecciones generales. Pretende ganar votos con una política contemporizadora y con la promesa de más autonomía y mayores transferencias en un territorio cuya sociedad está dividida y en la que no se debería ensayar con experimentos electorales. Es tiempo de normalizar la actividad política y administrativa en Cataluña. Y esto, de momento, no se está consiguiendo, en parte importante, merced al gobierno de sesgo independentista que rige, en la actualidad, en esta Comunidad Autónoma.

 

Hasta que esta situación no se normalice y exista una firme y sincera voluntad política, por parte de la Generalitat, de ceñirse al orden constitucional.  Entre tanto se dejen de crear entidades y cortijos que amparen y preparen procesos y Leyes claramente inconstitucionales. Mientras haya políticos que desprecian la voluntad de más de la mitad de la población a la que representan y se hacen valedores de un modelo de pensamiento único. Cuando TV3 consiga que su programación esté dirigida a todos los catalanes y no solo a los sediciosos. Cuando se consiga que en los colegios e Institutos de Cataluña no se adoctrine a los niños. Entonces será el momento de iniciar este tipo de negociaciones y estudiar si procede formular nuevas transferencias y competencias. Y, sobre todo, cuál debería ser el papel del Estado y qué mecanismos se articulan para ejercer un control más riguroso que impida el uso indebido de unos resortes de poder que el Gobierno de España pone en manos de la Generalitat.

 

Esta es mi reflexión personal, tras analizar los últimos movimientos que, las formaciones independentistas, están planeando a lo largo de este tórrido verano, del que vamos a salir más quemados que la pipa de Popeye.

 

El reforzamiento en sus exigencias a la hora de acaparar el máximo de competencias, en la negociación abierta por Pedro Sánchez, es un hecho constatado. Esta estrategia, pretende transmitir una cierta relajación de la presión secesionista en favor de un mejor clima que permita trampear en la negociación de nuevas competencias.
A todo esto, Puigdemont, liberado de buena parte de las ataduras procesales que le tenían medio eclipsado, ha tomado, de nuevo, las riendas del procés y ha endurecido sus exigencias al Estado. Ha ordenado -manu militari- a sus acólitos del PDCat, que radicalicen sus posturas, que fijen, de manera clara e inequívoca, su firme disposición a conseguir la República catalana, y amenaza al Gobierno de España con retirarle su apoyo parlamentario, que le ha permitido pagar el alquiler de La Moncloa.


Y mientras tanto, el resto de los españoles, presenciando este sainete con el convencimiento de que estamos asistiendo a una secesión en diferido.


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