En todo lo que tiene que ver con lo público siempre ha habido grupos que nos han intentado convencer de lo malo que es la regulación, por tanto no iba a ser menos lo relacionado con la contratación pública, con entre un 15 y un 20% del PIB en juego,  donde ya empiezan a aparecer los apocalípticos de la regulación.

Desde que se aprobó la reciente Ley 9/2017 de contratos del sector público y más concretamente desde su entrada en vigor va a hacer ahora dos años, somos muchos los que venimos alabando o criticando los aspectos que desde nuestra óptica o intereses son mejorables o criticables, poniendo el énfasis en los aspectos que consideramos más transcendentes.

En mi caso recojo el reto que la Ley lanza a las Pyme para su incorporación a la compra pública como medida estratégica,  consolidando el compromiso que recogen las últimas Directivas europeas en materia de contratación pública, con el claro objetivo de apoyar que esa incorporación sea lo más rápida, decidida y sólida posible  para pasar a ocupar en la compra publica el mismo espacio que tiene tanto en el PIB nacional, como en la cantidad de empresas o como generadoras de empleo.

Por ello desde el primer momento apuesto por un apoyo decidido de esta incorporación de la Pyme a la primera línea de la contratación pública, exponiendo en cuantos foros estoy o soy invitado las posibilidades que ofrece el nuevo marco legal al crecimiento económico de la Pyme. Pero sobre todo las animo a que ocupen ese espacio que ofrece la nueva Ley ya que si no lo hacen, el sector de las grandes corporaciones lo recuperará. Para ellos la contratación es un espacio meramente económico y no están dispuestos a dejarlo perder tan fácilmente.

Ya empezaban a notarse ciertos movimientos a raíz de la publicación del primer informe del OIRESCON (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), por un lado están los que lo utilizan para debatir como mejorar el funcionamiento de la contratación pública en nuestro país, como ocurrió en el recientemente celebrado IX Congreso Internacional de Contratación Pública de Cuenca, por otro los apocalípticos de la regulación, apuestan por desmontar el sistema incluso antes de que empiece a funcionar a pleno rendimiento.

A estos últimos habría que recordarles que el informe está elaborado con datos de 2018 y que por tanto la mayor parte de los contratos y situaciones analizadas proviene de la situación anterior, además de que hasta el 9 de marzo de 2018 no entró en vigor la actual Ley. Y más bien creo que deberíamos reconocer el esfuerzo hecho, pues el mencionado OIRESCON  es un nuevo órgano de control recogido en el actual LCSP fruto de la transposición de Directivas de la UE, y que pese a las dudas que genera su independencia, ahí está empezando a rodar.

En definitiva, creo que la contratación pública es un espacio de todos y para todos. Que debe  de estar perfectamente regulado ya que estamos hablando de dinero público. Que debe de ser algo más que un espacio económico y que por tanto corresponde a nuestros dirigentes políticos liderar la apuesta de la UE por la compra publica estratégica. Que esta pasa, entre otras muchas acciones, por la mayor presencia de la Pyme en este espacio. Y que es tarea de todos que la compra pública funcione, donde el papel de la profesionalización se nos presenta clave para el buen funcionamiento de la misma y que conseguir el funcionamiento eficiente del sistema no conlleva su desregulación.