El Gobierno informa a Bruselas que en 2021 subirá los impuestos en 6.000M€

El pasado jueves, el gobierno del PSOE y Podemos envió a la Comisión Europea el plan presupuestario para 2021 que será el marco para la formulación de sus primeros presupuestos generales. Se trata de una serie de previsiones macroeconómicas y de endeudamiento más filosóficas que prácticas al no haber aún borrador de presupuestos, pero de los que se pueden extraer conclusiones de cómo nos van a afectar al ciudadano común.

El desplome de la economía española para 2020 está consensuado por varios analistas, entre los que se encuentra el propio ministerio de economía, en más del 10% del PIB, alguno llegando incluso a pronósticos del 14%. Esto es debido a los efectos que la pandemia de Covid ha tenido en los hábitos de vida de los consumidores de todo el mundo frenando su consumo, especialmente en ocio, hostelería y turismo. Si bien los sectores de consumo se han ido reactivando conforme las restricciones de movilidad han ido levantándose, en estos sectores no se prevé que se pueda levantar cabeza hasta que no se encuentre una solución definitiva y absolutamente segura al problema sanitario global.

Dada la gran dependencia que tiene la economía española de estos sectores, principalmente del turismo que es uno de los más castigados, se hace muy necesario el estímulo que permita a la economía y a su tejido empresarial reestructurarse para poder hacer frente a este nuevo escenario y a los cambios futuros. Si bien los ERTE fueron una buena herramienta para evitar el desplome de las rentas, en especial de las más bajas, fue una medida muy poco eficiente y eficaz que puede estar ahora complicando la transformación económica que tanto necesita nuestro tejido empresarial y productivo. Haber presentado un ERTE la empresa, y cobrado el trabajador, implica una serie de trámites burocráticos y condicionantes que hacen aún más rígida la relación laboral y dificulta la adaptación de la empresa a estos nuevos entornos económicos. Como sustituto de los ERTE cuya última prórroga es, hasta ahora, el 31 de enero el gobierno ha decido continuar el estímulo a la economía con más gasto público y mayores impuestos que lo financien.

Como medidas recaudatorias, en esta columna ya hemos repasado las subidas de IVA e IRPF que el gobierno ha comentado que planea incluir en los presupuestos generales de 2021. Parecen ser las bebidas edulcoradas y azucaradas, los servicios de sanidad y los de educación aquellos que van a soportar junto con los autónomos este mayor esfuerzo fiscal que los políticos han decidido imponernos. Por qué las ayudas europeas para la reconstrucción económica y sanitaria, de las que parte son fin contraprestación alguna, no son suficientes para este gobierno y han decidido que van a fomentar la economía no incrementando el ahorro e inversión en tecnología e innovación que pudieran generar riqueza nueva si no para seguir creando la sensación de clientelismo al dogma del Estado del bienestar. Estado del bienestar que cabe recordar que nos condena al sistema educativo con menor nivel de la Unión Europea y a un sistema sanitario no universal (están excluidos de la seguridad social los cuidados bucodentales, fisioterapéuticos, psicológicos, etc.) que ha sido de los primeros en colapsar a nivel de infraestructura y que aún no ha sido capaz de controlar la epidemia socialmente debido a la falta de concienciación sanitaria por parte de la gente común. Como siempre, la socialización de riesgos y pérdidas puede ser muy satisfactoria al corto plazo para el arriesgado, pero si los desequilibrios no son compensados en el medio plazo las catástrofes son inevitables al largo. Bajo este mantra que parece permanecer inmune en la mente del español vamos a sufrir otro rejonazo fiscal para que políticos y burócratas puedan seguir viviendo sin recortar su poder político ni presupuestario, ambos siempre íntimamente correlacionados.

Con los datos remitidos a Bruselas, los expertos han estimado que la recaudación extraordinaria que deberemos desembolsar los contribuyentes en 2021 será del entorno de los 6.000 millones de euros. Una gran parte de este aumento será gracias a nuevas figuras impositivas como la Tasa Google, la Tasa Tobin o el impuesto a los envases de plástico que, consensuadas y coordinadas con el resto de los países, puedan llegar a suponer un aumento de la recaudación en más de 2.300 millones de euros. En detalle, con el nuevo impuesto al plástico se estiman recaudar unos 490 millones de euros que saldrán de los bolsillos de los consumidores que necesiten un envase plástico para transportar sus compras.

Este nuevo impuesto, junto con el aumento del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, castigará de nuevo más a las rentas más bajas que son las que mayor tendencia y proporción de su renta dedican a bienes de esta tipología. Estos nuevos impuestos vienen a acrecentar a la regresividad del sistema tributario español en el que la clase trabajadora más humilde financia los servicios públicos de funcionarios y estratos de renta más altos. Con respecto al impuesto sobre transacciones financieras, Tasa Tobin; y al impuesto sobre servicios digitales, Tasa Google, los números que da el gobierno son cuanto menos llamativos. Para la Tasa Google, los papeles del gobierno prevén una recaudación de 968 millones de euros en 2021 lo cual supondría un 70% del total que Comisión Europea estimó en junio que se podría recaudar en toda Europa. Multinacionales de servicios digitales, en la nube o de e-commerce, como Google, han sido las que realmente han permitido a las empresas que siguen activas sobrevivir a los efectos de la pandemia y la gente que trabaja en ellas salir más fuertes con modelos de negocio más digitales y adaptados al cambio y al consumidor. No ha sido ninguna acción del gobierno la que ha permitido que empresas transformaran su modelo de negocio en tiempo récord ofreciendo mejor y mayores servicios con un coste más eficiente, si no las grandes multinacionales tecnológicas.

La acción del Estado y del gobierno tan solo ha sido ralentizar todo en lo que ellos han tratado de intervenir como las tramitaciones de los ERTE, abastecimiento médico sanitario, la generación de ayudas y exenciones a sectores específicos, etc. Toda esta ineficiencia inherente a toda ejecución del sector público pretende ser financiada con dinero que los consumidores y las empresas queremos dar libremente a estas grandes empresas tecnológicas que nos hacen a todos la vida un poco más fácil no obligándonos a nada. Los números de la Tasa Tobin tampoco parecen estar fuera de polémica ya que la recaudación prevista por el gobierno alcanza los 850 millones de euros, lo cual supone un 24% de la cifra de 3.500 millones que la Comisión Europea ya corrigió cuando desalentó la implementación de este tributo. España es uno de los países de la unión que relativamente sus ciudadanos, que serán los que paguen este y todo impuesto, menos transacciones realizan en los mercados financieros por lo que sorprende el porcentaje de este impuesto a nivel europeo que el gobierno pretende recaudar.

Habrá que estar pendiente a la reacción de Bruselas ante estos documentos y qué mas datos de los presupuestos da nuestro gobierno de aquí a final de mes y durante noviembre.