Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

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