La Audiencia Nacional investiga supuestos delitos de estafa y apropiación indebida por la anterior dirección
El Banco de España ha decidido poner fin a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM), acometida hace casi un año y medio en medio de indicios de delitos de estafa y apropiación indebida por parte de la anterior dirección.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la decisión que adoptó el pasado 20 de noviembre la Comisión Ejecutiva del Banco de España de cesar la "medida de sustitución provisional" de los gestores, como paso previo a la transformación de la caja en una fundación.
En la práctica, la decisión supone la salida del administrador nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que durante los primeros meses se ocupó también de la gestión del Banco CAM, hasta que fue vendido al Banco Sabadell.
Por lo que respecta a la caja, que ya no presta servicios financieros, la entidad quedará ahora en manos de la Generalitat Valenciana, que será quien tutelará su transformación en una Fundación, como establece la legislación vigente.
Fuentes de CAM han señalado que el proceso de transformación quedará probablemente culminado antes de final de año, al igual que ha ocurrido con Bankia, que se convertirá en fundación el próximo martes.
CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España al ser víctima del "agujero" que había generado en sus cuentas la inversión en el "ladrillo".
En concreto, en los seis primeros meses de ese año, CAM admitía pérdidas de 1.136 millones de euros.
Tras su intervención, el Banco de España capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como su administrador provisional.
Así, desde ese momento, la que había sido años antes la cuarta mayor caja española y que contaba con más de 130 años de historia, pasó a estar controlada por el Estado, que daba luz verde al proceso de subasta varios meses después.
De esta manera, CAM, que incluso fue calificada por el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor", fue adjudicada al Sabadell en diciembre de 2011.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción decidía investigar la gestión realizada por la exdirectora general de CAM María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.
En esos días, Amorós fue sometida a un despido disciplinario tras conocerse detalles de su gestión al frente de la caja, de la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros.
Además, se acusaba a Amorós de pactar una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.
En la causa contra la antigua cúpula de CAM también están imputados el exdirector general de CAM Roberto López Abad.el expresidente de la caja Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la entidad Teófilo Sogorb.
Estos cinco imputados están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la decisión que adoptó el pasado 20 de noviembre la Comisión Ejecutiva del Banco de España de cesar la "medida de sustitución provisional" de los gestores, como paso previo a la transformación de la caja en una fundación.
En la práctica, la decisión supone la salida del administrador nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que durante los primeros meses se ocupó también de la gestión del Banco CAM, hasta que fue vendido al Banco Sabadell.
Por lo que respecta a la caja, que ya no presta servicios financieros, la entidad quedará ahora en manos de la Generalitat Valenciana, que será quien tutelará su transformación en una Fundación, como establece la legislación vigente.
Fuentes de CAM han señalado que el proceso de transformación quedará probablemente culminado antes de final de año, al igual que ha ocurrido con Bankia, que se convertirá en fundación el próximo martes.
CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España al ser víctima del "agujero" que había generado en sus cuentas la inversión en el "ladrillo".
En concreto, en los seis primeros meses de ese año, CAM admitía pérdidas de 1.136 millones de euros.
Tras su intervención, el Banco de España capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como su administrador provisional.
Así, desde ese momento, la que había sido años antes la cuarta mayor caja española y que contaba con más de 130 años de historia, pasó a estar controlada por el Estado, que daba luz verde al proceso de subasta varios meses después.
De esta manera, CAM, que incluso fue calificada por el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor", fue adjudicada al Sabadell en diciembre de 2011.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción decidía investigar la gestión realizada por la exdirectora general de CAM María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.
En esos días, Amorós fue sometida a un despido disciplinario tras conocerse detalles de su gestión al frente de la caja, de la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros.
Además, se acusaba a Amorós de pactar una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.
En la causa contra la antigua cúpula de CAM también están imputados el exdirector general de CAM Roberto López Abad.el expresidente de la caja Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la entidad Teófilo Sogorb.
Estos cinco imputados están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.
