El desplome del tráfico, el sobrecoste de las expropiaciones, la subida del precio de los carburantes y la existencia -en muchas ocasiones- de vías gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a seis autopistas de peaje a procesos concursales en 2012 presionadas por deudas de más de 4.000 millones de euros.

Desde mayo se encuentran inmersas en procedimientos concursales la AP-41 que conecta Madrid y Toledo; la AP-36 que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, que enlaza la M-50 (Madrid) con Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero; y la que lleva de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería).

Uno de los principales motivos ha sido la falta de tránsito. Y es que desde que comenzó la crisis en 2007, el tráfico en las autopistas estatales de peaje se ha desplomado un 27% hasta junio de este año, un periodo en el que se ha contabilizado una media de 15.775 vehículos diarios, nivel que no se registraba desde hace catorce años.

Por autopistas, la que mayor descenso del tráfico ha experimentado desde máximos es la R-2 -Madrid y Guadalajara- (22,2%), seguida de la AP-41 (19%), R-3 (18,3%), R-5 (16,8%), la AP-36 (16,8%), la R-4 (14,5%) y Cartagena-Vera (7,2%).

Por la red de autopistas estatales de peaje, que desde 1990 se ha incrementado un 50% hasta los 1.706 kilómetros, circularon hasta junio un 8,7% menos de vehículos que en el mismo periodo del año pasado.

Y es previsible que los datos de tráfico a cierre de año se agraven ante la subida del 7,5% de la tarifa de los peajes el pasado julio y del IVA a partir del 1 de septiembre.

Tampoco ha ayudado el incremento del precio de los carburantes, que marcaron máximos históricos a principios de septiembre superando los 1,512 euros por litro en el caso de la gasolina y los 1,422 euros por litro, en el del diesel.

Además de la falta de tráfico y del aumento de impuestos y tarifas, las concesionarias de estas autopistas se quejan de los sobrecostes que deben asumir derivados de las expropiaciones de los terrenos por los que transcurren estas carreteras.

De hecho, Fomento está investigando estos sobrecostes que considera "desorbitantes", ya que han superado en algunos casos en más del 200% el valor inicial calculado para el terreno.

Como bálsamo ante esta situación, el sector concesional considera que la propuesta del PP de incrementar hasta los 140 kilómetros por hora la velocidad máxima en las autopistas de peaje ayudaría a revitalizar el tráfico en unas carreteras que, por otro lado, registran los menores índices de siniestralidad.

Por el momento, el Gobierno ha puesto en marcha cuentas de compensación y préstamos participativos para ayudar económicamente a las concesionarias que se encuentran en problemas financieros.

Éste es el caso de la sociedad Autopista Madrid-Toledo, gestora de la AP-41, que fue la primera en entrar en concurso de acreedores el pasado mayo con una deuda de unos 380 millones y que tiene entre sus accionistas a las constructoras Isolux, Comsa, Sando y Azvi y al Banco Espírito Santo portugués.

En octubre, fue declarada en concurso la concesionaria gestora de la R-3 y la R-5, Accesos de Madrid (participada por Abertis, Sacyr, ACS y Globalvía), con un pasivo de 2.022 millones de euros.

Presionadas por una deuda de 575 millones de euros también fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores las dos sociedades que gestionan la R-4, Autopista Madrid Sur e Inversora de Autopistas del Sur (participadas por Cintra (Ferrovial), Sacyr y Caja Castilla-La Mancha).

La última en entrar en la antigua suspensión de pagos ha sido la AP-36, después de que las dos sociedades gestoras: Inversora de Autopistas de Levante y de Autopista Madrid Levante -participadas por Cintra (Ferrovial), Sacyr y la Kutxa- demostraran estar en estado de "insolvencia inminente" con un pasivo de 522,1 millones.

También la concesionaria de la autopista Cartagena-Vera, Aucosta (participada por Globalvía, Plode, Cajamar, Unicaja y la CAM), solicitó el pasado mes de septiembre acogerse a preconcurso de acreedores, fase previa al concurso, con el fin de intentar refinanciar con la banca una deuda de 550 millones.