Desde el 17 de diciembre, la Justicia es sólo gratuita para los pobres y el resto tiene que pagar por pleitear, entre 100 y 350 euros para empezar, subiendo luego (según los recursos) hasta pagar 2.300 euros, más un porcentaje sobre lo reclamado. Este “tasazo” ha provocado duras críticas del mundo judicial, desde jueces y fiscales a abogados, mientras el Gobierno argumenta que servirá para reducir el exceso de litigios (y recaudar 306 millones de euros). También ultima privatizar una parte de la Justicia, el Registro Civil, matrimonios y divorcios, que en 2014 llevarán los registradores y notarios (cobrando). Y estudia reducir los partidos judiciales a la mitad, concentrando juzgados. O sea, una justicia más cara y más lejos. Pero no más ágil: los juzgados siguen atascados, con poco personal y un 17,4 % menos de Presupuesto  que en 2010. Un colapso que perjudica a la economía y los ciudadanos.

Ahora, al pensar en poner un pleito laboral, civil o contra la Administración, antes hay que echar cuentas de lo que va a costarnos: a la minuta del abogado y procurador (más perito, documentos y aranceles), hay que sumar el pago de las tasas judiciales, que antes sólo pagaban bancos y grandes empresas (desde 2002). Las tasas se pagan por cualquier demanda civil (pleitos entre particulares y contra empresas), contra la Administración (contencioso) y demandas laborales (cuando se recurre), no en pleitos penales. La tasa tiene una parte fija, cuyo importe se ha duplicado: oscila entre 100 y 1.200 euros según el pleito y las veces que se recurra: 200 euros una multa de tráfico, 300 un divorcio, 100-1.200 por una deuda, 500-700 por recurrir un despido…  Y luego hay una tasa variable añadida, por la que se paga  un 0,5% del valor de los bienes que se reclaman.

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Ilustración: Enrique Ortega