Leo los resultados arrojados el pasado año por una encuesta realizada sobre la opinión que se tiene sobre diferentes instituciones públicas. Los datos son abrumadores: de las instituciones mencionadas por la encuesta, la peor valorada es la de justicia. Un 69% de los encuestados asegura que funciona mal o muy mal. Si a dichos datos añadimos otro facilitado por un estudio realizado hace dos años por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española, terminamos de concluir cuál es la opinión que la ciudadanía tiene de la justicia: aproximadamente 8 de cada 10 encuestados se mostró de acuerdo en afirmar que "La administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella".

¿Por qué el ciudadano tiene esta opinión? Creo que resulta sencillo aportar posibles razones:

1. Se observa un gran retraso en la tramitación de determinados asuntos de gran trascendencia pública. Basta poner como ejemplo el 'Caso Pallerols' que involucró a determinados miembros del Partido Político Unió Democrática de Cataluña por supuesta financiación ilegal, caso en el que debieron pasar 14 años para que se pusiera fin a tal procedimiento.

2. Aún cuando se pueda resolver aplicar determinadas condenas las cuales bien podrían servir como ejemplo para la ciudadanía, la aplicación de ciertos instrumentos logra que dichas condenas pierdan parte de su eficacia. El mismo ejemplo del "Caso Pallerols" puede mencionarse en este caso: la sentencia que pone fin a tal procedimiento, alcanzada de conformidad entre acusadores y acusados, condenó a los sujetos involucrados a determinadas penas menores (lo que permitirá a los condenados eludir su ingreso en prisión) si bien Unió Democrática de Cataluña ha sido declarada responsable civil de las cantidades debidas por un montante de 197.284,82 euros.

Otro caso de penas impuestas con repercusión mediática que finalmente no se cumplen son los indultos concedidos por el ministerio de Justicia: según una información publicada por El País, 107 malversadores y 25 prevaricadores han sido perdonados entre 2000 y 2012.   

Si a lo alegado unimos el retraso en la justicia española y la repercusión económica de dicha situación (se calcula que actualmente 20.000 millones de euros se encuentran retenidos en los litigios judiciales pendientes de resolución entre particulares o entre particulares y administración), la introducción de las tasas judiciales, etc. es fácil de entender que cualquiera afirme que es un indignado judicialmente hablando.

Otros artículos de Fernando López Alonso