Para adoptar esa resolución, el Juzgado de lo Contencioso se basó en que la demandante no había aportado el acuerdo societario preciso para emprender estas acciones.

En su reclamación, Navantia aseguró que los terrenos sobre los que se había aplicado el citado impuestos, ubicados en la carretera de La Algameca, barrio de la Concepción, le fueron cedidos por un convenio suscrito con el Ministerio de Defensa, que no modificaba su calificación jurídica.

El TSJ respalda la decisión del Juzgado, y señala que, efectivamente, Navantia debió aportar con su demanda el documento en el que se acreditara que el órgano competente de esta sociedad había tomado el acuerdo de recurrir la resolución municipal.

La Sala desestima, por ello, el recurso presentado por la empresa, sin entrar en el fondo del asunto, y la condena expresamente al pago de las costas.