Primero privatizaron las empresas públicas (Aznar) y ahora Rajoy privatiza la enseñanza, la sanidad, la justicia y hasta el agua: ya son más de la mitad los Ayuntamientos que han privatizado la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua a 25 millones de españoles. Un servicio que se reparten casi en exclusiva dos empresas (Agbar y FCC-Aqualia), que aspiran a gestionar el 70% del agua. Para los Ayuntamientos, es una tentación cobrar en mano un alto canon por ceder la gestión durante 30 años y dedicar ese dinero a tapar agujeros. Pero para los usuarios, la privatización ha supuesto una fuerte subida de tarifas, menos inversiones en infraestructuras y peor calidad del agua (somos el tercer consumidor europeo de agua embotellada). El agua no es una mercancía, sino un bien esencial con el que no se debe hacer negocio. Y menos si tiene que duplicar su precio para equipararlo con Europa.

La privatización de la gestión del agua, acelerada desde 2009, supera ya el listón de la mitad de los Ayuntamientos españoles, tras los últimos casos en 2012 y 2013: Lugo (85.000 habitantes), Puerto de Santa María (85.000), Barcelona (adjudicación –paralizada- a Acciona del servicio en alta de Aigues del Ter Llobregat, con 4,5 millones de clientes en el área metropolitana de Barcelona) o Jerez de la Frontera (206.000 habitantes), junto a miles de pueblos pequeños como Candeleda (Ávila) o Laguna de Duero (Valladolid), en medio de una creciente protesta ciudadana. Y en Europa, las protestas contra la privatización del agua en varios paises han llevado un millón de firmas a Bruselas.

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Ilustración: Enrique Ortega a partir de un vinilo de Chispun