La empresa quiere evitar actos como el encierro de estudiantes de la UCAM en una oficina en Murcia
Las 950 agencias de Vibo Viajes (antigua Viajes Iberia) en España y Portugal, del grupo turístico Orizonia, se cerrarán al público a partir de este viernes, tras el preconcurso de acreedores que se ha presentado en los juzgados de lo Mercantil de Palma, según han confirmado fuentes de esta compañía.
Los empleados de estas oficinas están recibiendo cartas para que se cojan permisos retribuidos a partir de mañana o días de vacaciones, han señalado desde el sindicato CC OO.
Los sindicatos habían solicitado a la dirección de Vibo Viajes que la empresa adoptara esta medida para salvaguardar la integridad física de los empleados dada la situación de tensión que se está viviendo en los últimos días tras la quiebra de Orizonia.
El pasado martes se produjo en Murcia un encierro en una de las agencias de Vibo por parte de estudiantes de la UCAM que, tras pagar cada uno 1.300 euros, aún desconocen si podrán realizar su viaje de fin de curso. Los estudiantes fueron desalojados por la Policía y una de las empleadas tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad. Los estudiantes afectados son en torno a 70 que preveían viajar a la Riviera Maya.
Acogerse a permiso retribuido o de disfrute de vacaciones permite mantener la actual relación laboral, pero se evita la obligación de acudir al centro de trabajo.
La empresa Orizonia prevé que de los 5.000 empleos de este grupo turístico se puedan salvar 1.500, de los que 700 corresponden a la cadena hotelera Luabay, vendida a Globalia en diciembre, y 800 al acuerdo de venta alcanzado con Barceló de su aerolínea Orbest y de la red de agencias Vibo.
Además, Orizonia se está poniendo en contacto con otras empresas turísticas, caso del touroperador TUI, para buscar una salida profesional a las personas que se queden sin empleo.
En la Región también se han visto afectados de este cierre medio centenar de alumnos de historia de la UMU, que ya habían abonado cada unos los 800 euros del viaje reservado por las islas griegas. En este caso, los estudiantes han impuesto denuncias en la consejería de Turismo, ante las oficinas de consumo y ante la Policía, por si se hubiese producido una estafa o situación de insolvencia punible.
Los empleados de estas oficinas están recibiendo cartas para que se cojan permisos retribuidos a partir de mañana o días de vacaciones, han señalado desde el sindicato CC OO.
Los sindicatos habían solicitado a la dirección de Vibo Viajes que la empresa adoptara esta medida para salvaguardar la integridad física de los empleados dada la situación de tensión que se está viviendo en los últimos días tras la quiebra de Orizonia.
El pasado martes se produjo en Murcia un encierro en una de las agencias de Vibo por parte de estudiantes de la UCAM que, tras pagar cada uno 1.300 euros, aún desconocen si podrán realizar su viaje de fin de curso. Los estudiantes fueron desalojados por la Policía y una de las empleadas tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad. Los estudiantes afectados son en torno a 70 que preveían viajar a la Riviera Maya.
Acogerse a permiso retribuido o de disfrute de vacaciones permite mantener la actual relación laboral, pero se evita la obligación de acudir al centro de trabajo.
La empresa Orizonia prevé que de los 5.000 empleos de este grupo turístico se puedan salvar 1.500, de los que 700 corresponden a la cadena hotelera Luabay, vendida a Globalia en diciembre, y 800 al acuerdo de venta alcanzado con Barceló de su aerolínea Orbest y de la red de agencias Vibo.
Además, Orizonia se está poniendo en contacto con otras empresas turísticas, caso del touroperador TUI, para buscar una salida profesional a las personas que se queden sin empleo.
En la Región también se han visto afectados de este cierre medio centenar de alumnos de historia de la UMU, que ya habían abonado cada unos los 800 euros del viaje reservado por las islas griegas. En este caso, los estudiantes han impuesto denuncias en la consejería de Turismo, ante las oficinas de consumo y ante la Policía, por si se hubiese producido una estafa o situación de insolvencia punible.
