Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) han retomado hoy sus protestas por la no renovación de su convenio colectivo y llevarán a cabo concentraciones todos los miércoles de marzo, además de paros parciales de dos horas y un encierro de 72 horas si en abril no se ha desbloqueado su situación.

El nuevo calendario de movilizaciones se fijó a finales del pasado mes de febrero en una reunión en Madrid en la que participaron unos 300 delegados de personal de las distintas autoridades portuarias de España y decidieron sustituir la convocatoria de huelga general prevista para hoy por un calendario "más extenso en el tiempo", ha explicado el representante de CCOO en el comité de empresa de la APC, Diego Zaplana.

Así, hoy ha tenido lugar la primera de las concentraciones a las puertas de la APC, una iniciativa que se está llevando a cabo también en el resto de los puertos del estado, y que se repetirá los días 13 y 20 de marzo, y 3 de abril en el tiempo para el almuerzo del que disponen los trabajadores.

Además, los trabajadores de los puertos llevarán a cabo paros parciales de dos horas durante las jornadas del 14 y 21 de marzo y 4 de abril.

En el caso de Cartagena, los trabajadores se unirán a esos paros el 4 de abril, y se trasladarán a los puertos de Almería el 14 de marzo, y de Alicante, el 21 de ese mes, para darles su apoyo.

Por último, y si el conflicto por la no renovación del convenio colectivo no se soluciona antes, los trabajadores portuarios tienen previsto llevar a cabo encierros de 72 horas del 10 al 12 de abril.

Con estas protestas, los trabajadores del puerto exigen que se cumpla y aplique la modificación parcial del convenio colectivo del sector en vigor, vencido en 2009, que se acordó a finales del pasado mes de junio.

Esa modificación, que fue avalada por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, no ha obtenido el visto bueno de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del Ministerio de Hacienda, que se niega a suscribirla.

Los trabajadores consideran injustificable esa negativa, además de contradictoria, ya que el acuerdo para la modificación del convenio sí cuenta con el aval del resto de instancias del estado que participan en el proceso.