Rajoy ha dinamitado la Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que ha ayudado ya a 1.400.000 ancianos y discapacitados: ha reducido a la mitad la aportación pública y ha permitido a las autonomías que hagan recortes drásticos en los servicios. Además, las autonomías (más las gobernadas por el PP) han optado por dos medidas privatizadoras. Una, subir el copago a los dependientes, del 16% actual al 40% y hasta el 90%. La otra, favorecer el cheque-servicio: dan un dinero (de 426 a 715 euros) para que las familias busquen una residencia o servicio privado. Una opción que crece imparable en Extremadura, Aragón, Castilla León y Galicia. Y alientan el miedo de que la Administración no puede pagar la Dependencia, para que las familias contraten seguros privados. Algo falso: se puede y se debe atender a ancianos y discapacitados. Pero hay que financiarlo bien.
 
La Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, fue la niña bonita de Zapatero, que la aprobó en pleno boom y no se preocupó de financiarla bien. Pero nunca le gustó a Rajoy ni al PP, quizás porque su ideología no comulgaba con que el Estado se ocupara de ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados dependientes (“para eso están su familia o la beneficencia, como siempre”). Por eso, el primer parón de la Ley se dio en mayo de 2011, cuando el PP copó la mayoría de autonomías. Y al llegar al Gobierno, Rajoy dinamitó la Ley en sólo ocho meses: en diciembre mismo dejó fuera (hasta julio de 2005) a los dependientes moderados (412.020 solicitudes), en marzo recortó 283 millones para la Dependencia (Presupuestos 2012) y el 13 de julio aprobó un decreto con más recortes que desmantelaba 14 artículos básicos de la Ley de Dependencia.

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Ilustración: Enrique Ortega