Los testigos que han declarado en la Audiencia Nacional afirman que las explicaciones que se daban en el consejo eran solo verbales
Varios ex consejeros de la CAM han declarado hoy en la Audiencia Nacional que aprobaron los créditos que la entidad otorgó al ex presidente de la Comisión de Control, el murciano Juan Ramón Avilés, sin el informe técnico preceptivo que luego debía remitirse al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Los que fueran miembros del consejo de administración de la caja han señalado al juez Javier Gómez Bermúdez que sólo conocían las operaciones a través de "pantallazos" y explicaciones verbales durante sus reuniones, han explicado fuentes jurídicas al término de sus comparecencias.
Han señalado además que no disponían del orden del día de las reuniones del consejo y que en ellas las actas se leían muy rápidamente, por lo que no se entendían los detalles de las operaciones.
Uno de los testigos, Manuel Navarro, ha respondido a preguntas de las acusaciones que no tenían información suficiente para dar su visto bueno a las operaciones vinculadas, tal y como hubiera sido necesario, según han reconocido.
En este sentido, han admitido que tampoco contaban con el informe técnico preceptivo, responsabilidad que recaía en los directivos de la entidad, y que luego debía remitirse al Instituto Valenciano de Finanzas para que diera su aval.
Asimismo, en la línea de lo que manifestaron ayer los otros testigos citados, los ex consejeros han precisado que aprobaban la totalidad de operaciones crediticias, pero sin saber en ningún momento el nombre de los beneficiarios, sino el de las empresas asociadas a los mismos.
Como ya hiciera ayer, Gómez Bermúdez ha mantenido a los ocho ex miembros de la cúpula de la caja su condición de testigos, a pesar de que en la providencia en la que les citó les recomendaba acudir con letrado con el objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa para el caso que deba cambiársele su condición procesal".
Hoy han testificado el ex vicepresidente Benito José Nemesio, los que fueran miembros del consejo de administración Manuel Navarro, Raquel Páez, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla, Ginés Pérez y el ex director de Gestión Financiera y Participaciones Francisco Martínez.
Además, estaba llamado a declarar el ex consejero Óscar Strada, que no ha podido acudir y ha sido citado para el próximo 3 de abril,
El juez retomará las testificales el próximo 2 de abril con las del vicepresidente del Gobierno de Murcia y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán, los ex consejeros Pilar Cáceres, Pere Joan Devesa, José Enrique Garrigós, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.
Un día después, además de Strada, deberán acudir a la Audiencia Nacional el ex vicepresidente de la entidad Armando Sala, el ex director general adjunto Agustín Llorca, el ex secretario general José Pina, el ex director general de Participaciones Empresariales Joaquín Meseguer y los ex consejeros Ángel Martínez, Salvador Pilés y Enrique Puig.
Además, el juez ha citado por error a Vicente Sala, que falleció en agosto de 2011.
El magistrado ordenó estas comparecencias en el marco de la pieza separada de la causa principal en la que investiga las condiciones en las que la entidad concedió 4 millones de euros con fondos públicos a Avilés, que supuestamente destinó ese dinero a fines para los que no estaban autorizados.
Los que fueran miembros del consejo de administración de la caja han señalado al juez Javier Gómez Bermúdez que sólo conocían las operaciones a través de "pantallazos" y explicaciones verbales durante sus reuniones, han explicado fuentes jurídicas al término de sus comparecencias.
Han señalado además que no disponían del orden del día de las reuniones del consejo y que en ellas las actas se leían muy rápidamente, por lo que no se entendían los detalles de las operaciones.
Uno de los testigos, Manuel Navarro, ha respondido a preguntas de las acusaciones que no tenían información suficiente para dar su visto bueno a las operaciones vinculadas, tal y como hubiera sido necesario, según han reconocido.
En este sentido, han admitido que tampoco contaban con el informe técnico preceptivo, responsabilidad que recaía en los directivos de la entidad, y que luego debía remitirse al Instituto Valenciano de Finanzas para que diera su aval.
Asimismo, en la línea de lo que manifestaron ayer los otros testigos citados, los ex consejeros han precisado que aprobaban la totalidad de operaciones crediticias, pero sin saber en ningún momento el nombre de los beneficiarios, sino el de las empresas asociadas a los mismos.
Como ya hiciera ayer, Gómez Bermúdez ha mantenido a los ocho ex miembros de la cúpula de la caja su condición de testigos, a pesar de que en la providencia en la que les citó les recomendaba acudir con letrado con el objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa para el caso que deba cambiársele su condición procesal".
Hoy han testificado el ex vicepresidente Benito José Nemesio, los que fueran miembros del consejo de administración Manuel Navarro, Raquel Páez, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla, Ginés Pérez y el ex director de Gestión Financiera y Participaciones Francisco Martínez.
Además, estaba llamado a declarar el ex consejero Óscar Strada, que no ha podido acudir y ha sido citado para el próximo 3 de abril,
El juez retomará las testificales el próximo 2 de abril con las del vicepresidente del Gobierno de Murcia y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán, los ex consejeros Pilar Cáceres, Pere Joan Devesa, José Enrique Garrigós, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.
Un día después, además de Strada, deberán acudir a la Audiencia Nacional el ex vicepresidente de la entidad Armando Sala, el ex director general adjunto Agustín Llorca, el ex secretario general José Pina, el ex director general de Participaciones Empresariales Joaquín Meseguer y los ex consejeros Ángel Martínez, Salvador Pilés y Enrique Puig.
Además, el juez ha citado por error a Vicente Sala, que falleció en agosto de 2011.
El magistrado ordenó estas comparecencias en el marco de la pieza separada de la causa principal en la que investiga las condiciones en las que la entidad concedió 4 millones de euros con fondos públicos a Avilés, que supuestamente destinó ese dinero a fines para los que no estaban autorizados.
