El Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta, como le ocurrió al de José Luis Rodríguez Zapatero, al reto de conseguir un modelo de financiación autonómica que contente a todas las comunidades autónomas sin dejar de mirar a Cataluña.

El Estatuto catalán condicionó el modelo de financiación que en 2009 impulsó el Gobierno socialista y sigue en vigor todo este año, un sistema del que reniegan los populares y han prometido cambiar, aunque en su momento, cuando se aprobó, las comunidades del PP se abstuvieron y reconocieron que les aportaba más recursos.

En esta ocasión, la reciente reunión entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, generó sospechas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo atendiese a las demandas económicas de la Generalitat -que quiere un acuerdo bilateral de financiación- para frenar la consulta soberanista.

El pasado miércoles, Rajoy llamó a la unidad de sus dirigentes regionales, prometió conversar con todos de la financiación y les aseguró que no piensa hablar con nadie -en este caso con Mas- de lo que se salga de la legalidad.

Desde el Partido Popular, su vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, ha asegurado a Efe que no hay ninguna intención de repetir la experiencia "bilateral" del Gobierno de Zapatero con Cataluña que dio lugar al modelo de financiación actual.

Arenas admite que los populares son "conscientes" de que hay una "situación compleja" en Cataluña que hay que abordar y a la que el Gobierno está dedicando "muchas energías".

Pero el "balance final" que desean, añade, es un acuerdo que contemple a todas las autonomías en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha asegurado además que el PP mantendrá una "sola posición" en la reforma de la financiación autonómica, y lo ve compatible con que los presidentes de las comunidades que gobierna su partido defiendan sus intereses concretos.

Por ejemplo, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, aseguró ayer que defenderá "hasta el final" un modelo de financiación singular para Cataluña, dentro del régimen común de las CCAA, y no descartó incluso romper la disciplina de voto de su partido si no se acepta su propuesta.

Otros, por el contrario, ya han advertido de que darán la batalla por un modelo común, como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien no quiere modelos "a la carta para unos en contra de otros" y peleará para que no haya "agravios" como los que, en su opinión, quiere impulsar Cataluña.

Y en medio de este debate que aún está empezando, surgen propuestas como la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, sobre la posibilidad de trasferir a las comunidades el cien por cien del IRPF.

Los socialistas aseguran que están dispuestos a sentarse a negociar el nuevo sistema de financiación, conscientes de que las comunidades pasan apuros económicos que el actual modelo no preveía, como tampoco la merma de ingresos que la crisis iba a conllevar.

Fuentes socialistas han explicado a Efe que formularán sus propuestas cuando el Gobierno se avenga a hablar de forma "seria y rigurosa" y no mediante simples "globos sonda" como los que, según el PSOE, está lanzando hasta ahora.

Sus bases serán la solidaridad entre territorios, la colaboración y la financiación suficiente para los servicios públicos, teniendo en cuenta que el 75 por ciento del gasto de las autonomías está dedicado a sanidad y educación.

En lo que coinciden el PSOE, el PP y la mayoría de los partidos es en que el modelo que acabe poniéndose en marcha no sea discriminatorio y garantice la solidaridad.

Eso sí, CiU advierte, en medio de este debate que abrió la reunión Rajoy-Mas, que "Cataluña apuesta por un modelo que contemple una relación bilateral con el Estado" y que permita la creación de una agencia tributaria propia.

Son palabras del portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, quien en cualquier caso subraya que esta formación apuesta por intensificar al máximo el diálogo con el Gobierno central.

A la espera de que arranque la negociación, en Izquierda Unida hay escepticismo sobre la posición del Gobierno, porque entienden que tanto en esta cuestión como en otras el Ejecutivo persigue avanzar en la "recentralización" del Estado y reducir las comunidades a meras delegaciones administrativas del poder central, según señalan fuentes de la formación.

De la misma manera, IU cree que el Gobierno quiere "criminalizar" a las autonomías en este entorno de crisis económica.

Totalmente en contra de acordar un déficit "a la carta" está el "número dos" de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, porque lo considera una herramienta de "presión política" que parte de Cataluña.

Sobre el modelo de financiación, Gorriarán explica a Efe que UPyD está viendo "con bastante cariño" el modelo alemán, según el cual los länder más ricos aportan más al sistema para que los otros tengan un nivel suficiente de ingresos.

Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, si se abre el melón de la financiación autonómica debe ser para dar solución al asunto de las competencias de las comunidades autónomas. Espera además que el nuevo modelo acabe con las "grandes distorsiones" del actual, que han tenido un efecto "terrible" en su comunidad.

Todas éstas son, en cualquier caso, posiciones iniciales que se irán desarrollando cuando empiece en serio esta negociación.

No será de forma inmediata porque, como ha reconocido a Efe Javier Arenas, el Gobierno quiere que este 2013 sea un año para la evaluación del sistema actual y el diseño del nuevo, que deberá aplicarse cuando haya dinero que repartir.


ArcelorMittal ha sido la compañía del IBEX 35 que más ha perdido durante la semana, el 9,05%, seguida de Abengoa, el 8,79% y FCC, el 7,34%.

Solo cinco compañías del IBEX finalizaron la semana con ganancias: Iberdrola, el 2,14%; CaixaBank, el 2,12%; Indra, el 1,53%; Repsol, el 0,66%; y BME, el 0,13%.

El Gobierno conservador anunció tras la sentencia que un Consejo de Ministros extraordinario convocado este sábado evaluará la decisión del Constitucional.