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Opinión |
Miércoles, 10 de Abril de 2013

El certificado que vino del frío

El pasado viernes 5 de abril el gobierno aprobó el RD de Certificación Energética. La Certificación Energética en sí no es una novedad pues lo aprobado el viernes no es más que la ampliación de un decreto de 2007. La novedad radica en su ámbito al extender su obligatoriedad a las edificaciones existentes y no sólo a las de nueva construcción como hasta ahora.

Ésta medida era esperada en el sector desde la aprobación del RD 47/2007 pues la Certificación Energética viene recogida en varias Directivas Europeas (2002/91/CE derogada por la 2010/31/UE)   y España ha sido un país lento en su transposición. Pero ahora estamos dentro de una crisis económica y cualquier desembolso extra supone un ataque a los contribuyentes. Por eso parece que el momento escogido no sea el apropiado pero al gobierno no le quedaba otra opción ya que España tiene una denuncia por no haber transpuesto la normativa en el plazo fijado. Debemos lamentar la lentitud de los gobiernos de la Nación en hacer sus deberes y no haber aprovechado otros contextos más favorables además de llevar 6 años perdidos en lo que respecta al fomento de la eficiencia. Pero la política energética en España es así.

A partir del 1 de junio será obligatorio, pues en España siempre funcionamos de ésta manera, que para alquilar o vender un inmueble éste cuente con un certificado energético. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón para obligar al desembolso de una nueva cantidad de dinero en este tipo de transacciones? Los motivos que se esgrimen son muchos. El principal es la dinamización de un sector, el de la construcción, muy tocado por la crisis. Pero la certificación viene impuesta por Bruselas desde hace más de una década luego su razón primigenia no pudo ser ésta.

Las viviendas y edificios son uno de los grandes consumidores de energía en Europa (40% según la UE) y la energía será uno de los problemas del S.XXI. Por eso se quiere reducir su consumo y para ello es necesario saber dónde y cómo se realiza. El parque de inmuebles antiguos, y por lo tanto ineficientes desde el punto de vista energético, es muy grande. La Certificación Energética supone una herramienta para conocer los más ineficientes y por ello los más caros para mantener.

Estamos acostumbrados a términos como Auditoría Energética, Consumo Responsable, Eficiencia, Etiqueta Energética … La Certificación Energética intenta llevar a las viviendas, locales e inmuebles existentes éstos conceptos de una manera sencilla y eficaz a la vez que de bajo coste al no tener la profundidad de una Auditoría propiamente dicha. La utilidad de este certificado para los propietarios o el público en general viene por la información que sobre el estado de la propiedad indica el documento que emite el técnico.

Nos hemos familiarizado con las etiquetas de los electrodomésticos hasta el punto de que su eficiencia ha aumentado de manera espectacular en estos años (es decir el consumo ha disminuido) y ahora se han creado categorías nuevas (A+ y A++) para indicar los extra-eficientes. El consumidor los demanda porque sabe que merece la pena un coste algo superior.  Los mismo debería pasar con las casas. Pero eso supone que el comprador entienda el Certificado Energético que queda plasmado en una letra, la Calificación Energética. Y esa labor depende de la Administración que la impone y de los profesionales que participan en el mercado inmobiliario.

Junto con éste RD el gobierno va a aprobar un plan de rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética. Es lógico. La dinamización del sector no va a venir de la mano de un papel sino de que se entienda y valore el ahorro que supone una vivienda más eficiente. Así los compradores exigirán y los propietarios tomarán la decisión de invertir en mejorar su propiedad para hacerla más atractiva.

Queda por ver cómo las administraciones autonómicas desarrollan su papel en el asunto pues de ellas dependerá el Registro y la supervisión de los certificados que se emitan. En la Región de Murcia lleva meses paralizado un borrador, con buen criterio ante la “inminencia permanente” de aprobación de la nueva norma, que regula estos aspectos. Esperemos que el gobierno regional haga su trabajo de manera rápida en lo que le corresponda

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