Daños colaterales
La crisis tiene aún incierta salida, los problemas de los ciudadanos son cada vez más acuciantes: el paro, la vivienda y los desahucios, los servicios sociales… El trabajo no puede quedarse a medias…
Así comienza el documento Propuestas para la Reforma de la Administración General del Estado, que edita la Fundación Ciudadanía y Valores. Establece ocho líneas de actuación para racionalizar el sector público empresarial y fundacional, elaborar la Ley de Función Pública y el Estatuto del Directivo Público, racionalizar la estructura del gobierno, impulsar la administración electrónica, reducir los gastos corrientes en bienes y servicios, agilizar y dotar de mayor de transparencia a los procedimientos de contratación pública, simplificar los trámites de la Administración y reducir las cargas, así como como reestructurar el aparato burocrático-administrativo.
El objetivo fundamental es conseguir una Administración que coadyuve y no obstaculice a empresas y ciudadanos en sus trámites y gestiones, para lo cual es preciso eliminar la duplicidad de servicios y competencias que se produce entre las distintas AAPP e incluso entre la propia Administración Central, garantizando que el conjunto de las AAPP asignará el uso óptimo a los recursos que los ciudadanos están pagando con sus impuestos, según manifiesta y reconoce el máximo responsable del MINHAP.
El diagnóstico es claro: ante una situación de crisis grave y prolongada, los problemas reconocidos no pueden ver diferido su tratamiento. Es urgente actuar. Y si los problemas están identificados, su magnitud está determinada y se conocen las soluciones a adoptar, ¿por qué no se actúa -o se hace a medias, con lo que los problemas siguen ahí, aumentando día a día en cantidad y magnitud? ¿Acaso falta voluntad y sobra hipocresía? Porque conocimiento de la situación no falta. Y de las posibles consecuencias -o daños colaterales- de la puesta en práctica de las soluciones adecuadas tampoco.
Según declaraciones recientes de los responsables de la cosa, la Región de Murcia presenta un déficit superior al previsto porque los ingresos son menores que los gastos, y éstos no se pueden disminuir, ya que los hemos reducido al mínimo posible. Al margen del brillante racionamiento, ¿falta voluntad, sobra hipocresía o hay miedo a los daños colaterales, que a buen seguro afectarían a la línea de flotación de nuestros gobernantes? ¿O todo junto? Es urgente actuar y decidir el uso óptimo de nuestros recursos, a pesar de los daños colaterales.
De momento todos los partidos políticos ya se han puesto de acuerdo: la reparación realizada en el ascensor del Congreso de los Diputados rompe la estética del edificio y se deben realizar con urgencia nuevas obras que restauren la situación inicial.
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El objetivo fundamental es conseguir una Administración que coadyuve y no obstaculice a empresas y ciudadanos en sus trámites y gestiones, para lo cual es preciso eliminar la duplicidad de servicios y competencias que se produce entre las distintas AAPP e incluso entre la propia Administración Central, garantizando que el conjunto de las AAPP asignará el uso óptimo a los recursos que los ciudadanos están pagando con sus impuestos, según manifiesta y reconoce el máximo responsable del MINHAP.
El diagnóstico es claro: ante una situación de crisis grave y prolongada, los problemas reconocidos no pueden ver diferido su tratamiento. Es urgente actuar. Y si los problemas están identificados, su magnitud está determinada y se conocen las soluciones a adoptar, ¿por qué no se actúa -o se hace a medias, con lo que los problemas siguen ahí, aumentando día a día en cantidad y magnitud? ¿Acaso falta voluntad y sobra hipocresía? Porque conocimiento de la situación no falta. Y de las posibles consecuencias -o daños colaterales- de la puesta en práctica de las soluciones adecuadas tampoco.
Según declaraciones recientes de los responsables de la cosa, la Región de Murcia presenta un déficit superior al previsto porque los ingresos son menores que los gastos, y éstos no se pueden disminuir, ya que los hemos reducido al mínimo posible. Al margen del brillante racionamiento, ¿falta voluntad, sobra hipocresía o hay miedo a los daños colaterales, que a buen seguro afectarían a la línea de flotación de nuestros gobernantes? ¿O todo junto? Es urgente actuar y decidir el uso óptimo de nuestros recursos, a pesar de los daños colaterales.
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