El consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, ha presentado hoy el proceso de rediseño de todos los procedimientos administrativos que realiza la Comunidad Autónoma, que supera los 1.300, y anunció una futura Ley de Simplificación Administrativa y de impulso a proyectos estratégicos, cuya puesta en marcha supondrá a la Administración un ahorro estimado superior a los 27 millones de euros al año en su implantación inicial y 50 a largo plazo, para mejorar su eficiencia y eficacia y facilitar el desarrollo económico.

La eliminación de burocracia ya había sido uno de los objetivos de anteriores legislaturas. Durante la pasada, la titular de Presidencia, María Pedro Reverte, también anunció una reducción de trámites con un importante ahorro económico. El último anuncio se produjo en noviembre pasado, cuando la consejera informó de que preparaba un plan que permitirá unos costes de cinco millones de euros.

Marín indicó que busca dar un nuevo impulso a la modernización de la administración y al desarrollo económico que, además de reducir costes a la Comunidad, también lo haga a las familias y las pymes, que podrán ahorrar más de 86 millones de euros.

El trabajo de simplificación administrativa y rediseño de todos los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas con la Administración regional ha supuesto la revisión, uno por uno, de todos los procesos para buscar su redefinición y facilitar la tramitación sencilla y ágil. En este proceso, que llega a su punto final tras haber revisado 1.200 procedimientos con la colaboración de 1.500 funcionarios, supone la reducción de la documentación requerida, mayor transparencia e información para el administrado, acortar los plazos y una racionalización del trabajo.

Marín señaló que esta labor, que está intensificándose y cuya culminación tiende hacia la administración electrónica efectiva a lo largo de los años 2012 y 2013, supone agilizar la actuación administrativa y reducir cargas burocráticas en beneficio de ciudadanos y empresas, favoreciendo la actividad económica y la competitividad. Además, añadió, “se disminuyen costes tanto para la administración como para el administrado, pudiendo destinar estos fondos a otros fines”.

Entre los pasos dados hasta el momento, y que serán ratificados por la nueva Ley, se encuentran la reducción de los documentos requeridos a los ciudadanos y a las pymes, ya que el nuevo diseño elimina todos aquellos que han sido considerados no necesarios y la actuación de oficio de los funcionarios, no siendo necesario que se presente un mismo documento una vez que esté en los archivos de la Comunidad por otro expediente cursado.

Tramitación prioritaria
Asimismo, la nueva ley incluirá un capítulo específico de impulso en el área económica, recogiendo la tramitación prioritaria con facilidades administrativas y de ejecución para que “los proyectos de interés estratégico para la Región de Murcia no sufran ni un solo retraso y cumplan con sus expectativas de puesta en marcha, dotando a la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos de una herramienta que agiliza y resuelve con inmediatez cualquier incidencia en la tramitación, tanto ante la Administración regional como con las locales y la central y propiciar su ejecución”, indicó Marín.

Los plazos ordinarios de tramitación previstos en la normativa murciana en materia de Urbanismo y Medio Ambiente cuando afecten a proyectos declarados de interés estratégico regional por motivos sociales y económicos, así como para aquellos otros trámites de proyectos sectoriales del ámbito de Industria, Comercio y Turismo, se reducirán a la mitad.

El consejero puntualizó que “la reducción de los plazos de los trámites constituye el fin para generar, fomentar, potenciar y agilizar al máximo aquellas iniciativas que conlleven un beneficio para la Región y favorezcan el mantenimiento y la creación de empleo. Este marco regulatorio permitirá identificar aquellos proyectos de interés estratégico otorgándoles un carácter prioritario, simplificado y agilizando su tramitación administrativa”.

Respuesta de la oposición
Desde la oposición, la portavoz socialista, Begoña García Retegui, ha valorado esta nueva Ley dejando claro que "la principal simplificación que están esperando los proveedores, las empresas y los ciudadanos de la Región es un plan de pago que asegure que cobran lo que al día de hoy les adeuda la Administración de Valcárcel, y que asciende a más de 2.000 millones de euros".