La CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia, ha explicado hoy en el Congreso el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita esta ley, el representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".

Lázaro ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".

Además, ha defendido la necesidad de un "control flexible" que permita el funcionamiento de sus 4.500 organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, a las que la ley impone "obligaciones formales difíciles de asumir".