El fiscal ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que llame a declarar al consejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma, Antonio Cerdá, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad.

El dictamen entregado en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ indica que existen indicios suficientes contra Cerdá por su supuesta participación en la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que permitía que la empresa Hansa Urbana pudiera construir 3.000 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf a orillas del Mar Menor.

El proyecto, conocido por 'Novo Carthago', fue presentado en junio de 2003 y se iba a ejecutar sobre una superficie de 580 hectáreas, viéndose afectada una zona protegida, el Saladar de lo Poyo.

Asegura el fiscal que los indicios contra el consejero se han visto reforzados con lo declarado por los testigos en la causa que se instruye por los mismos hechos en un Juzgado de Murcia y en la que están imputados el exdirector general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, y una asesora de Cerdá, María Antonia Fernández.

Para la fiscalía, aunque el protagonismo en la reforma del PORN, aprobado en junio de 2006, fue asumido por estos dos imputados, la iniciativa de la reforma pudo partir del propio consejero.

El ministerio fiscal no da credibilidad a lo manifestado por Brugarolas y Fernández, que siempre han dejado fuera del caso al consejero, ya que considera que no es lógico que no le informaran sobre las reuniones y contactos mantenidos para aprobar una reforma que suponía dar vía libre a un proyecto que representaba una inversión de mil millones de euros y 8.000 puestos de trabajo.

Señala también que la magistrada instructora, que elevó una exposición motivada al TSJ por la condición de aforado de Cerdá, expone en la misma "la necesidad de que preste declaración en calidad de imputado, apreciando una serie de indicios".

Esos indicios se concretan por el ministerio público en los que en su día expuso en su denuncia, que considera se han visto reforzados con las declaraciones de los dos imputados antes citados.

Indica también que el propio Brugarolas declaró que antes de la puesta en marcha del proyecto de urbanización Cerdá le dijo que mirase a ver qué se podía hacer con el espacio natural de Lo Poyo".

A la hora de analizar esos indicios, el fiscal dice que los cambios introducidos en la normativa del PORN fueron realizados "al margen" del Servicio legalmente competente en la materia, al hacerse por medio de una asesora de carácter eventual que no tenía facultades legales para intervenir en este tipo de expedientes.

Asimismo, echa en falta los estudios que justificaran la conveniencia de dichos cambios, cuando, por el contrario, había alegaciones anteriores que fueron rechazadas por la administración regional.

Tras la recepción del dictamen, será la Sala de lo Civil y Penal del TSJ la que decidirá si abre diligencias contra el consejero y lo llama a declarar como imputado o si, por el contrario, devuelve las actuaciones al Juzgado de Instrucción para que continúe con la tramitación de la causa.

Al conocerse, hace ahora un mes, la noticia de que el TSJ había pedido un dictamen al fiscal para que informara sobre su encausamiento, el consejero Cerdá declaró su inocencia y dijo que fue él quien, en 2009, paró el proyecto urbanizador.