La semana pasada se publicaba en este periódico una muy preocupante noticia sobre el dramático aumento del número de concursos de acreedores presentados en el primer semestre del año.

Analizando en detalle el contenido del artículo y cuya base es un informe realizado por la prestigiosa consultora PwC, podemos concluir que la profunda y prolongada crisis que venimos atravesando está ampliando su radio de acción, ya que no solo se incrementa el número de concursos presentados, un 34% y 37% más respecto al primer y segundo semestre del 2012, respectivamente, sino que el tamaño de las empresas afectadas también aumenta, lo que hace pensar que, en estos momentos, incluso empresas de mayor dimensión y con supuesta mejor solvencia económica son ya incapaces de soportar los devastadores efectos de esta profunda recesión, con independencia de que se vuelve a confirmar que las empresas de hasta 50 trabajadores continúan siendo las más afectadas.

Otro dato que debe preocuparnos es que estas empresas concursadas se empiezan a concentrar en comunidades como Madrid, Cataluña y Valencia, auténticos motores de la economía nacional y además, ya no solo pertenecen al sector de la construcción e inmobiliario, presuntos culpables de todo esto, sino que también operan en sectores como el de la distribución-comercio o industrial, y eso ya es otro cantar.

Todo esto, creo debería hacernos reflexionar sobre el acierto de tantas reformas y medidas de urgencia económica que se vienen promulgado y que nos venden como la verdadera solución al problema que nos agobia y es que, a estas alturas, considero que es más que dudoso que la reforma, que hace ya tiempo se realizó, sobre la ley concursal haya servido para algo, aunque para comprobar su eficacia tendríamos que estudiar más el número de empresas que, habiendo declarado concurso de acreedores, logran salvarlo en tiempo y forma más que la estadística que ahora nos ocupa. Así mismo, y aunque sea evidente que ese no era su objetivo, las distintas reformas fiscales que han ido entrando en vigor ni han ayudado a la viabilidad de las empresas o particulares, ni han servido siquiera para alcanzar su verdadera propósito recaudatorio, y es que luchar contra las más que probadas leyes de teoría económica tiene sus consecuencias y, en este caso, muy a pesar de lo que se pretendía, la teoría Laffer se ha impuesto y ha confirmado que mayores tipos impositivos no generan mayor recaudación, sino todo lo contrario.

Por último, respecto a la ley de emprendedores, es más que probable que el efecto que vaya a tener sea el mismo que la mayoría de modificaciones y novedades normativas que se han ido introduciendo hasta la fecha, es decir nulo, y es que pretender superar esta insoportable situación con ligeras deducciones por inversión en nuevos proyectos, abaratamiento en costes y simplificación burocrática en la constitución de nuevas sociedades, etc., parece un tanto pretencioso, aunque si hay que reconocer el acierto de medidas como el criterio de caja en la liquidación del IVA, la limitación de responsabilidad ante deudas para pequeños patrimonios y la segunda oportunidad para el reflotamiento de negocios, que mucho me temo serán más que necesarias, aunque, y esto tampoco nos costará mucho imaginar, con este panorama creo que a más de uno se le van a quitar las ganas de emprender, ya sea en primera o en segunda oportunidad.

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