Croem y sus organizaciones miembro Coec, Fremm, Fecoam y Aemur, así como la asociación agraria Coag, junto a la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), tras analizar la reforma del sector eléctrico planteada por el ministerio de Industria, consideran que sus consecuencias no pueden ser peores para los intereses de la Región.

En un comunicado conjunto, estos colectivos empresariales entienden que la reforma "es uno de los mayores atentados contra los intereses de la Región de Murcia que se han conocido en la democracia", puesto que defenestra la posibilidad de aprovechar el sol, en tres vertientes: como fuente de energía limpia y barata para el abastecimiento; como industria y, por último, como zona propicia para la implantación de nuevas fábricas, que podrían beneficiarse de un suministro energético a muy bajo coste y libre de emisiones contaminantes.

Aseguran que es una reforma traumática que supone, además, la ruina de 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica; las cuales, atendiendo a un llamamiento del Estado, invirtieron sus ahorros en la producción de energías renovables y ahora contemplan cómo las promesas de retorno de inversión del propio Estado se han convertido en una grave amenaza para sus economías familiares. De hecho, y siguiendo las recomendaciones del Ministerio, financiaron el 80% de los proyectos, aportando para ello garantías personales, que en la mayor parte de los casos fueron sus propias viviendas familiares.

Para los empresarios, esta reforma afecta además a las empresas instaladoras de energía solar, las cuales tendrán que reducir sus plantillas de modo significativo e incluso cerrar la mayor parte de ellas. Por si fuera poco, con la fuerte subida en el recibo de la luz, todas las empresas de la Región verán reducidos sus márgenes, pasando a ser el coste de suministro eléctrico un grave problema para las pymes de la Región de Murcia.

Por ello, aplauden la decisión del presidente Valcárcel de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, que consideran que pone en peligro la actividad de pymes y autónomos de la región que se dedican a la producción de energía solar, la instalación placas y la vigilancia y el cuidado y mantenimiento de las mismas.

Los empresarios creen que la nueva normativa penaliza a las regiones con mayor número de radicación solar, al igualar las rentabilidades máximas de las plantas murcianas con las instaladas en territorios del norte de la península.

Por su parte, las organizaciones agrarias recuerdan que en la Región de Murcia el 95% de la potencia de energía fotovoltaica está ubicada en entornos rurales, lo que ha contribuido a generar empleo y riqueza en zonas desfavorecidas. "La energía fotovoltaica ha sido hasta ahora complemento o alternativa de muchos agricultores y ganaderos al abandono de sus explotaciones agrarias; por lo que este tipo de generación, además de ser limpia, renovable y sostenible, fija población en estos entornos". 

Finalmente, desde ANPIER se subraya que la Región de Murcia está considerada como una de las zonas del planeta óptimas para la generación de energía solar fotovoltaica, puesto que cuenta con un elevado número de horas solares y su geografía es, además, muy adecuada para la implantación de plantas solares y la posterior distribución de energía. Y la asociación recuerda que la región podría ser energéticamente autosuficiente en 20 años si se apuesta de manera decidida por las energías renovables, con lo que se legaría a futuras generaciones un futuro energético sostenible, rentable y responsable con sólo aprovechar un recurso natural que viene dado.

Descargue en pdf el comunicado conjunto.