La empresa les propuso firmar un documento en el que aceptaban que sus indemnizaciones por despido fueran asumidas por el Estado
Veintiún empleados de la cartagenera Tamar (Talleres Andrés Martínez), que se encuentra en preconcurso de acreedores desde primeros de este mes, han presentado una denuncia para defender sus derechos fundamentales por lo que consideran un ‘maltrato’ por parte los dueños de esta empresa.
Esta veintena de empleados están siendo, según el escrito de denuncia presentado el pasado 10 de junio en los juzgados cartageneros, discriminados del resto desde que no aceptaron la propuesta de despido de los gerentes de Tamar. La propia empresa les presentó un documento a firmar en el que se decía que no estaban cobrando y solicitaban al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial, entidad que asume las indemnizaciones por despido de los trabajadores de las empresas que no disponen de recursos económicos) que se hiciera cargo de los finiquitos e indemnizaciones.
Los empleados, que además llevan sin cobrar desde el pasado mes de abril, aseguran que desde que se negaron a aceptar esa presunta estafa al Fogasa, les tienen discriminados, siempre al sol y sin ninguna ocupación laboral, en unas condiciones muy diferentes a los sesenta trabajadores que sí decidieron firmar, a los que si les abonaron los meses impagados.
La versión que denuncian estos trabajadores es radicalmente distinta a las explicaciones que dio hace unos días el gerente de la empresa, Daniel Núñez, en el diario La Verdad: "Como no podemos pagar las indemnizaciones, la mayoría han negociado con el Fogasa 30 días por año trabajado". Según la denuncia, fue la propia empresa la que les dijo que hablaran con el Fogasa al no estar dispuesta a desembolsarles su liquidación.
Además, los trabajadores denuncian que la empresa les ha obligado a coger vacaciones forzosas, periodo que ha aprovechado para vaciar las instalaciones –en la carretera de La Asomada- de maquinaria, lo que, por una parte, les hace sospechar que ésta ha sido vendida consiguiendo unos fondos que deberían servir para indemnizarles en unas condiciones justas, y, por otra parte, les impediría regresar al trabajo.







