Pretende reducir el déficit tarifario, penalizando brutalmente a las renovables, en especial a la fotovoltaica, así como a los ciudadanos y pymes.
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La reforma eléctrica persigue un fin: La reducción del déficit tarifario. Pero no sólo eso.
El déficit tarifario acumulado de 26.062 millones de euros es aquel que las compañías eléctricas vienen enmascarando desde 1.997 para asegurarse elevados beneficios económicos a largo plazo. Al final, dicho déficit deberá ser pagado por los consumidores y pymes, mientras que ellas acumulan y reparten anualmente millones de euros de dividendos entre sus accionistas, y suculentos pluses entre los miembros de sus consejos de administración, y afines.
Ante tal deuda reconocida, y tras casi 20 meses de estudiar la situación, el Ministerio tenía que tomar sus decisiones… pues el sistema eléctrico “de-facto” está en quiebra. Con la titulización de la deuda, a través del mecanismo FADE, se daba un paso desesperado hacia adelante… sin afrontar lo importante.
La reforma eléctrica, compuesta por casi cuatrocientos folios de legislación, se conexa a través de un metalenguaje, de difícil comprensión, precisamente para enredar. Por eso hay que analizar y desgranar lo sustancial.
La pregunta que debemos hacernos tras la aprobación el pasado 12 de julio del RDL 9/2013, y su desarrollo a través de todos los borradores enviados a la CNE-Comisión Nacional de Energía, es la siguiente: ¿qué otros fines últimos y subyacentes se persiguen con esta reforma del sector eléctrico?
Primero, resumamos los medios utilizados, esto es, las herramientas usadas vía decretos, para poder identificar esos otros fines buscados. En concreto:
- Eliminación del sistema retributivo tarifario a las renovables, y además con carácter retroactivo.
- Establecimiento de un nuevo sistema de retribución en base a la “rentabilidad razonable” arbitrario y virtual, ya que se conocen las fórmulas pero no los coeficientes. Y que ofrece cero trasparencia.
- Discriminación negativa a la solar fotovoltaica, frente a otras energías renovables, menos atomizadas y en manos de las grandes compañías eléctricas.
- Incremento directo de los precios de la electricidad, vía aumento de los peajes de acceso para ciudadanos y pymes, entre un 41-115%.
- Se han fijado unos peajes de respaldo para el autoconsumo excesivos para la fotovoltaica, lo que hace inviable su futura implantación. Además los excedentes se “regalan” al sistema, y no se cobra por ellos.
- No se regula el balance neto, a pesar de los anuncios del Ministro y de las sucesivas peticiones de las asociaciones empresariales. Este sistema es usual en otros países europeos y en los EE.UU.
- Las energías renovables dejan de tener preferencia de entrada en el sistema eléctrico, decisión contraria a las directivas comunitarias.
- Las competencias en materia de energía las centraliza el Ministerio de Industria, reduciendo los alcances de las comunidades autónomas a una mera actividad de observación y vigilancia cuasi-policial.
- Finalmente, el resultado pretendido de ahorros económicos con la reforma es muy poco claro, ya que la memoria económica sólo da el resultado final pero no las premisas, ni la metodología de cálculo.
Por lo tanto, para comprender los otros fines buscados, bastará con enfrentar a cada uno de los medios citados, y ver qué se persigue:
- Incremento significativo de la recaudación a toda costa, aunque suponga la quiebra de los pequeños inversores y pymes. E incluso cargándose la seguridad jurídica, y la marca España.
- Expropiación de las rentabilidades empresariales esperadas a las inversiones, y sustitución por un “Sistema de racionamiento de la rentabilidad empresarial”.
- Provoca el hundimiento de las empresas del sector solar fotovoltaico, ya que las grandes eléctricas, e inclusive otras grandes empresas de renovables, tienen reducidos intereses en el sector. Esto es: un favorecimiento claro al oligopolio eléctrico.
- Incremento de los precios de la factura de la electricidad, a coste de los consumidores y pymes.
- No permite el desarrollo del autoconsumo eléctrico con fotovoltaica, que es ya claramente competitivo y a precios más bajos que los actuales. Claramente discriminatorio.
- Incumplimiento de sus propios compromisos.
- Elimina la preferencia de las renovables frente a convencionales, para hacerlas inviables y poco rentables. Establece un sistema para cerrar instalaciones renovables en operación, argumentando que incrementan el déficit.
- Centraliza las decisiones en materia del sector eléctrico en el Ministerio y zonas adyacentes…, gestionando y administrando con arbitrariedad discriminatoria, e incrementando el poder del oligopolio eléctrico.
- Autocomplacencia con las medidas adoptadas como definitivas para acabar con el déficit tarifario. Todo ello inhibiéndose de tomar otras decisiones de mayor complejidad, como:
- La reformulación de los precios de mercado de la energía, esto es, el diseño de un nuevo Sistema de conformación de precios de pool. En el cual, los precios estén en relación a los costes reales, descontando ya las amortizaciones realizadas.
- Así como el establecimiento de precios regulados más bajos para la generación a partir de las energías convencionales (hidraúlicas y nucleares) con sus inversiones ya amortizadas, y que disfrutan de concesiones del Estado a largo plazo.
- Eliminar de la tarifa eléctrica todas esas “cargas”, a modo de cajón de sastre, que han sido incorporadas en un sin sentido continuo.
Así que los fines buscados se resumen en aumentar los ingresos del sistema a costa de los consumidores y pymes, y en reducir determinados costes regulados, especialmente los productores fotovoltaicos, más atomizados e indefensos, aunque esto les lleve directamente a la quiebra.
Los pequeños inversores que depositaron sus ahorros por una buena causa, motivados por anteriores gobiernos, pero también auspiciados por la Unión Europea, para poder tener “su plan de pensiones”, ahora se ven estafados por el BOE.
Con esta pretendida reforma, debe quedarnos clara una idea: La electricidad va a subir siempre, ya que el gobierno no podrá bajar los peajes (50 por ciento del recibo) mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores.
Unos apuntes finales que no dejan lugar a dudas sobre a quién beneficia/perjudica la reforma del sistema eléctrico:
- La contabilidad del déficit tarifario anual se realiza mediante un proceso muy opaco y nada transparente. Publican el resultado, y punto. No existe una auditoría pública anual.
- Los CTC’s-Costes de transición a la competencia permitieron a las compañías eléctricas en 1.997 garantizar sus inversiones; pero nunca se inició la recuperación de los pagos realizados en exceso, ahora prescrita. La cuantía no es baladí: cerca de 3.400 millones de euros según datos de la propia Comisión Nacional de Energía, que no se reclamaron por dejadez de la administración general del Estado.
- Si el sistema eléctrico está en un estado de pre-concurso de acreedores, sí que parece inexcusable que se produjese una “Quita razonable” a la deuda acumulada. Algo que el Ministerio ni siquiera se ha planteado.
Las grandes compañías eléctricas y su patronal UNESA, como no podía ser de otra forma, y en una maquiavélica estrategia de comunicación, han salido a la palestra en sus medios habituales defenestrando la reforma, anunciando unas pérdidas del ejercicio mínimas, aunque a largo plazo sí que les resulte muy beneficiosa, porque se volverá al sistema de baja competitividad, que les interesa como Oligopolio. Esta es su estrategia, su mejor escenario para sus negocios.
Al señor Ministro le han engañado con las cifras, que además repite en cada una de sus intervenciones.
Probablemente, los inversores internacionales le contestarán duramente.
“Los hurones”, los que mandan en su propio ministerio, le han diseñado una reforma Regresiva, Intervencionista y Bolivariana, junto con el lado oscuro del sector eléctrico, que atenta contra los intereses de los pequeños inversores, pymes y consumidores.
Precisamente, todo lo contrario de lo que se necesita: Más competitividad, más mercado, más liberalización, más empresas, más iniciativas, y… por supuesto, más renovables y menos importaciones de petróleo y gas, para una menor dependencia energética exterior.
La Región de Murcia se ve particularmente afectada por la reforma porque cuenta con una fuente inagotable de energía gratuita, y empresas dispuestas a que la Solar ocupe el lugar que le corresponde. Buscaremos las fórmulas.
Continuará...
