Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público incluyen la obligatoriedad de que los médicos prescriban por principio activo en vez de por el nombre comercial; es decir, que se prescriban medicamentos genéricos en vez de productos de marca. Es algo así como comprar marcas blancas en el supermercado en vez de productos de marcas particulares. El resultado: ahorro, porque los productos de marca blanca y los genéricos son más económicos. Pero vayamos por partes.

Un medicamento no es otra cosa que un principio activo (sustancia química responsable de los efectos terapéuticamente útiles) presentado bajo diferentes formas farmacéuticas (comprimidos, cápsulas, jarabes, etc.), cada una de las cuales requiere un proceso farmacotécnico específico de preparación y la utilización de otras sustancias (los excipientes) que facilitan su manipulación, presentación y administración al individuo. Hay varios tipos de medicamentos que no vamos a describir aquí pero que pueden consultarse en la Ley de Garantías y Uso racional del Medicamento promulgada en julio de 2007. No obstante, interesa conocer la diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico.

El medicamento de marca contiene el principio activo y sus excipientes y se presenta bajo un nombre de ficción (un nombre comercial) que está registrado y es propiedad de una empresa (un laboratorio farmacéutico). El medicamento genérico contiene igualmente un principio activo y sus excipientes pero no un nombre comercial de ficción. En consecuencia se denomina por el nombre del principio activo, generalmente seguido por el nombre del laboratorio productor. Así, Ardine es un medicamento de marca y Amoxicilina Teva es un medicamento genérico fabricado por laboratorios Teva y contiene el mismo principio activo que el Ardine. Así pues, en lo que respecta a la actividad de un medicamento genérico y uno de marca no debe albergarse duda porque el responsable de esa actividad es el mismo principio activo.

Pero no todos los medicamentos pueden tener un genérico. Las condiciones exigidas para su comercialización son varias: a) deben llevar al menos diez años de uso en el mercado, por lo que se conoce bien su perfil de eficacia y de seguridad, algo que no ocurre con los medicamentos recién comercializados; b) deben tener un amplio margen terapéutico para ser usados con seguridad, por eso los medicamentos que no reúnen esta característica no son aptos para comercializarse como genéricos por el riesgo de falta de eficacia o de toxicidad; c) deben tener una biodisponibilidad (es decir, que se incorpore a la sangre una cantidad equivalente a la del producto de marca, con una variabilidad de más o de menos un veinte por ciento) equivalente al producto de marca con el mismo principio activo; d) son más económicos porque su comercialización no requiere la realización de ensayos clínicos por tratarse del mismo principio activo de los medicamentos de marca. Esto permite un ahorro de un 30-40% en el precio final de venta del medicamento al público.

Por todas estas razones puede entenderse que el Gobierno obligue a los médicos de la sanidad pública a prescribir medicamentos genéricos cuando estén disponibles. Por las mismas razones debemos estar seguros de que nuestro tratamiento será tan eficaz con un medicamento genérico como con otro de marca. Por lo mismo se entiende que los farmacéuticos puedan sustituir un medicamento por otro siempre que tenga el mismo principio activo, la misma cantidad y se administre por la misma vía que el prescrito por el médico.

Esto tiene su reflejo en el precio de la factura farmacéutica como recientemente se ha publicado. Así, el coste medio de las recetas en Andalucía, que obligó a prescribir genéricos hace años, es un 20% inferior a la media del resto de las comunidades autónomas. Por tanto, la prescripción de genéricos es solidaria porque con el mismo presupuesto podemos tratar a más pacientes, lo que en tiempos de crisis económica debería ser bien venido en vez de motivo de escándalo. Y si con ello se consigue un ahorro de 2.400 millones de euros, mejor que mejor porque no se me ocurre la necesidad de gastar más para obtener, en el mejor de los casos, el mismo beneficio.

No obstante, y como nunca llueve a gusto de todos, tanto la industria farmacéutica como las farmacias comunitarias han levantado la voz en contra de la norma so pretexto de las pérdidas económicas que les producirá, un 15% dice la industria; un pasaporte a la ruina las farmacias. En realidad son dos situaciones cualitativamente diferentes. Las farmacias verán, lógicamente, reducido su porcentaje de ganancia porque el mismo es sobre el precio de venta al público en la mayoría de los casos, pero también es cierto que trabajan en un contexto de monopolio y no tienen que competir en el mercado libre. Por tanto, los beneficios no tienen otro remedio que producirse.

La industria utiliza otro discurso accesorio, como es que peligrarán puestos de trabajo cualificados y que se resentirá la inversión en investigación y desarrollo y se deteriorará la aparición de nuevos y novedosos medicamentos. Todo ello no es incierto, aunque requiere algunas matizaciones. Es cierto que la farmacéutica es la industria que emplea mayor proporción de titulados superiores tanto en labores de investigación y desarrollo como en las de gestión y de promoción. Pero también es cierto que la industria farmacéutica nacional es reducida, que las políticas de la mayoría de los laboratorios farmacéuticos se dicta fuera de nuestras fronteras y que las fusiones empresariales y las deslocalizaciones causan más pérdidas tanto a la economía como a la investigación que la imposición de prescripción de genéricos por el Gobierno, el mismo Gobierno que es de los primeros del mundo en autorizar la comercialización de nuevos medicamentos y que ha sido tradicionalmente sensible a algunas cuestiones que favorecen la actividad de la industria farmacéutica como la autorización de comercialización de medicamentos que aportan poco o nada a los que ya están disponibles y a un precio muy superior con la excusa de que así se mantiene la actividad científica en la industria y se facilita que aparezcan nuevas moléculas.