Alegando retrasos en la entrega del aeropuerto, hace unos pocos meses la Comunidad Autónoma decidió unilateralmente dar por terminado el contrato con Aeromur, y poco después, y con la presencia de las fuerzas del orden público, se personó en la instalación con el objetivo de hacer inventario por una parte, y 'echar' a la concesionaria de las instalaciones por otra. La Comunidad se amparó en una autorización del Juzgado de lo Contencioso número 1.

Sacyr pidió amparo a la instancia superior, el TSJ, que ahora se han pronunciado, permitiendo a la Comunidad Autónoma hacer inventario, pero no desalojar a la todavía concesionaria de las instalaciones.

Asimismo, y según La Verdad, las medidas cautelares del TSJ no impiden que el Ejecutivo regional siga adelante con el nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso público el aeropuerto. La concesionaria presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden del consejero de Obras Públicas para rescindir el contrato. El auto del TSJ permite a la Comunidad Autónoma vigilar y controlar las instalaciones. El mantenimiento correrá a cargo de Aeromur mientras tanto, que sigue siendo titular de las instalaciones.