También debe devolver más de medio millón de euros al ayuntamiento de Lorca
El ‘caso Limusa’ ya tiene sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado al que fue director de la empresa municipal de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino a siete años y seis meses de prisión, y al ex-diputado regional Bartolomé Soler a un año y medio.
Los magistrados consideran que Gil Eguino es responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación, además de otro delito de falsedad documental. Por ambos delitos, además de la pena de cárcel, deberá devolver al ayuntamiento más de medio millón de euros. Su mujer, que fue trabajadora de la empresa, también debe devolver 66.000 euros que 'cobró' en concepto de gastos escolares de su hija.
En cuanto a Bartolomé Solar, que fue el concejal responsable de Limusa durante cuatro años, está condenado por falsedad de documento.
En este caso también fueron imputados inicialmente el ex alcalde Miguel Navarro y los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles, cuyos supuestos delitos habrían prescrito, por lo que han sido absueltos.
En cambio, sí ha sido condenado Francisco Javier Poyato por falsedad en documento público mercantil y malversación de caudales públicos a la pena de un año, seis meses y un día de prisión.
El TSJ considera probado que los condenados llevaban una doble contabilidad de la empresa y que se apropiaron de dinero para uso particular, lo que incluía el pago a prostitutas.
Los magistrados consideran que Gil Eguino es responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación, además de otro delito de falsedad documental. Por ambos delitos, además de la pena de cárcel, deberá devolver al ayuntamiento más de medio millón de euros. Su mujer, que fue trabajadora de la empresa, también debe devolver 66.000 euros que 'cobró' en concepto de gastos escolares de su hija.
En cuanto a Bartolomé Solar, que fue el concejal responsable de Limusa durante cuatro años, está condenado por falsedad de documento.
En este caso también fueron imputados inicialmente el ex alcalde Miguel Navarro y los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles, cuyos supuestos delitos habrían prescrito, por lo que han sido absueltos.
En cambio, sí ha sido condenado Francisco Javier Poyato por falsedad en documento público mercantil y malversación de caudales públicos a la pena de un año, seis meses y un día de prisión.
El TSJ considera probado que los condenados llevaban una doble contabilidad de la empresa y que se apropiaron de dinero para uso particular, lo que incluía el pago a prostitutas.
