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JUZGADO DE LO MERCANTIL

Investigan a Huguet, imputado en el 'caso Umbra', por un posible concurso culpable en Inveralrahu

Redacción Miércoles, 04 de Diciembre de 2013 Tiempo de lectura:

Su principal actividad fue la compraventa de los terrenos donde se encuentra Nueva Condomina y la rehabilitación del Casino de Murcia

El juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia investiga un posible concurso culpable en la suspensión de Inveralrahu, una empresa promotora propiedad de Alfonso Ramírez Huguet, uno de los imputados en el 'caso Umbra'.

En la investigación del 'caso Umbra', Huguet está imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales en la compraventa de los terrenos donde se encuentra Nueva Condomina.

La empresa inmobiliaria se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2012 y el pasado mayo solicitó su liquidación ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas.

La resolución señala que, en cumplimiento de la ley concursal, se ha acordado formar una sección del concurso para concretar la calificación del mismo.

El acuerdo judicial da diez días de plazo a los acreedores y a cuantas demás personas se consideren con interés legítimo para personarse en estas actuaciones, "alegando por escrito cuanto consideren relevante para la calificación del concurso como culpable".

La ley establece que esa declaración de culpabilidad procederá cuando se compruebe que se incumplen las normas contables o se lleva una doble contabilidad o cuando se cometa una irregularidad relevante para evitar el conocimiento de la situación real de la empresa.

También habrá de acordarse, entre otros casos, cuando el deudor se haya alzado con la totalidad o parte de los bienes de la sociedad en perjuicio de los acreedores.

La empresa Inveralrahu figura entre las investigadas por el Juzgado de Instrucción número Ocho de Murcia por su presunta implicación en operaciones inmobiliarias supuestamente corruptas.

En concreto, esta empresa está en el punto de mira del juez y del fiscal Anticorrupción por ser una de las firmantes del convenio suscrito en octubre de 2005 con el ayuntamiento de Murcia para la rehabilitación del Casino de la ciudad.

Según la fiscalía, el acuerdo supuso importantes beneficios para las empresas firmantes, en perjuicio del erario público, por lo que considera que la operación fue constitutiva, presuntamente, de un delito de malversación de caudales públicos, entre otros.



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