La empresa Dpd (Destrucción y Protección de Datos SL) lleva catorce velando porque se cumpla la Ley de Protección de Datos, un texto normativo que obliga a empresas e instituciones a custodiar y destruir datos de carácter personal con las máximas garantías de confidencialidad.

Con sede en el polígono Base 2000, en Lorquí, esta empresa cuenta con los sistemas de seguridad que garantizan que tanto el archivo como la destrucción de documentos se realizan siguiendo los estándares de calidad y buenas prácticas. De hecho es la única firma de todo el Levante español certificada según las normas UNE.

Pero no solo papel. Discos duros, cintas DLT, teléfonos móviles, CDs, ordenadores portátiles y cualquier otro tipo de soporte pasan por los sistemas de destrucción de Dpd una vez retirados o custodiados. Seguridad y fiabilidad son dos conceptos que los clientes de la empresa valoran en quien fue pionera en ofrecer este servicio en la Región.

La Ley establece que los documentos tienen unos plazos para ser destruidos en función del ámbito del que se trate: fiscal, civil, sanitario… Trascurrido ese plazo, es la ley la que determina que la empresa o entidad debe deshacerse de ellos de una forma segura y es ahí donde entran en juego empresas como la que dirige Juan Manuel Herranz. Su función es cumplir con la normativa dejando reducidos, por ejemplo los documentos en papel, a partículas minúscula de un tamaño determinado recogido en las normas que certifican la calidad, en este caso la ISO 28001:2007 de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

La empresa, que recientemente ganó el concurso y ha sumado el hospital de la Arrixaca a su lista de clientes, también coloca los contenedores de papel confidencial en los centros de trabajo y realiza en exclusiva el transporte de los mismos hasta su sede en el polígono, donde el proceso de destrucción puede ser seguido por el cliente mientras se graba el proceso garantizando así su cumplimiento.

Principios de año se ha convertido en una época de mucho trabajo para Dpd que, consciente de la situación económica por la que atraviesan las empresas obligadas a destruir su documentación, ofrece unos descuentos de hasta el 30 en sus tarifas durante los meses de enero y febrero.