Dos años después de que nueve ex trabajadores de Halcón Foods solicitaran el concurso necesario para la empresa, el juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia ha decretado la situación de suspensión de pagos.

Entre tanto, se han sucedido las vistas, el análisis de documentación, se han abierto nuevo nuevos procesos contra la familia Navarro -a la que se ha llegado a embargar los bienes en la conservera de Campos del Río-, el recurso contra el perito impuesto por el juzgado en la demanda presentada por UGT y el Info… unos procesos, en definitiva, que se vienen dilatando durante más de dos años y que aún falta tiempo para que puedan cerrarse.

En el caso del concurso necesario, todo se origina tras un ERE que la empresa, propiedad de Mediterra o, lo que es lo mismo, un grupo liderado por Cofrusa, presenta en agosto de 2011 y que afectó a 400 trabajadores.

Nueve de ellos ganaron en un juzgado de lo social una reclamación de salarios e indemnizaciones por despido por importe superior a los 630.000 euros, que la empresa nunca satisfizo.

Estos ex empleados demandaron a Halcón Foods, adquirida por Mediterra en 2009, ante la reiteración en el retraso del pago de las nóminas. El juzgado de lo Social número 8 de Murcia falló a favor de los trabajadores y les reconoció el derecho a extinguir sus contratados y al cobro de unas indemnización que iban de los 40.000 a los 125.000 euros. En total, 485.000 euros más intereses y costas: los 630.000 euros demandados y que aún no se han abonado, lo que les ha llevado a forzar el concurso de acreedores.

El juzgado ha nombrado administrador concursal al abogado José Palazón, y da un plazo de un mes a todos los acreedores de la empresa para que presenten los créditos pendientes de pago.

Este concurso se produce unas semanas después de que los acreedores de Cofrusa aceptaran una quita del 50% de la deuda de 33 millones de euros y la familia Navarro levantara la suspensión de pagos de la conservera de Mula.

Aún así, éstos no son los únicos conflictos a los que se enfrentan los propietarios de sendas empresas, pues los juzgados de Murcia continúan instruyendo dos querellas presentadas contra ellos por el Instituto de Fomento y UGT por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, delito contra la Hacienda Pública, falsedad de cuentas, contra la Seguridad Social e insolvencia punible.

Todos ellos se cometieron, presuntamente, tras un aval que el Info concedió a Mediterra para la compra de Halcón Foods, actualmente sin actividad y ni siquiera maquinaria en sus naves. Parte de esta maquinaria, que era propiedad de la empresa norteamericana Atlas Pacific, fue retirada de las instalaciones por impago del alquiler.