En concreto, los parques eólicos que entraran en funcionamiento antes de 2005, un 37% del total, dejarán de recibir subvenciones
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha asegurado hoy que el recorte retributivo propuesto por el Gobierno aboca al sector "a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantilla", según un comunicado.El Ministerio de Industria remitió el lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta de orden para sustituir el actual sistema de retribución del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos), basado en incentivos a la producción, por la garantía de una rentabilidad razonable durante la vida útil de la planta.
La documentación fija los diferentes estándares de inversión sobre los que se aplicará la rentabilidad razonable, un mecanismo con el que Industria espera ahorrar 1.750 millones de euros este año.
En concreto, los parques eólicos que entraran en funcionamiento antes de 2005, un 37% del total, dejarán de recibir subvenciones y desde ahora solo ingresarán lo que obtengan por vender la energía en el mercado, mientras que el resto recibirán la mitad de su retribución actual, de acuerdo a los cálculos del sector.
Esto supondrá recortar "de golpe el valor de las empresas del sector al condenarlas a una inevitable depreciación de sus activos, problemas de caja para hacer frente a las deudas y dificultades" para refinanciar los proyectos.
La AEE asegura que "el Ejecutivo está penalizando tanto a las instalaciones más eficientes por haber logrado mejores resultados a lo largo del tiempo, como a las más antiguas e innovadoras, las que en su día se construyeron cuando la eólica era un sector de riesgo".
En su opinión, "se trata de la normativa más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico", que el pasado año fue la principal fuente de energía eléctrica en España.
Al cambio retributivo hay que añadir la eliminación del complemento por energía reactiva, que supondrá un impacto de 140 millones de euros en 2014, así como la posibilidad de tener que sufragar servicios como los pagos por capacidad, la hibernación de ciclos combinados o la interrumpibilidad.



