El 'ataque' del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a la política energética del Gobierno no ha sido más que una escenificación del monumental enfado que el sector tiene con el Gobierno.

En lo más doméstico, la central de ciclo combinado que la empresa tiene en el Valle de Escombreras puede ser una de las damnificadas por el replanteamiento estratégico de la compañía eléctrica. Después de dos años sin producir, su futuro, como el de otras plantas de estas características, está en el aire: mantenimiento, cierre o 'hibernación', una fórmula contemplada en un borrador de Real Decreto que comenzó a elaborar el ministerio de Industria el pasado verano y que aún no tiene forma jurídica desarrollada. Es decir: continúa como borrador.

¿Qué supone la hibernación? Sencillamente un cierre parcial de la central. Si a usted no le es rentable porque no se le está comprando electricidad, déjela en 'stand by' y vuelva a reabrirla cuando lleguen tiempos mejores, dice el Gobierno, y añade: el ciclo combinado es necesario… ¿pero cuándo?

Y aún quedan otras muchas preguntas por responder, principalmente las económicas.

Aún así, la segunda central de ciclo combinado que hay en el Valle de Escombreras, GDF Suez, ya ha barajado la posibilidad de 'hibernar' y, como los demás, no tiene todas las claves para tomar una decisión. Por ejemplo, ¿cuál es la compensación que recibirán las centrales que hibernen? Téngase en cuenta que las inversiones energéticas fueron realizadas en España por expresa invitación del Gobierno, quien manejaba unas previsiones de consumo que no se han cumplido.

Otras preguntas. ¿Qué tratamientos fiscales tendrán las centrales 'hibernadas'? ¿Deberán seguir pagando el IBI? Y este impuesto no es pequeño precisamente. El llamado Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) que pagan las centrales es de 800.000 euros al año por cada módulo de producción. O lo que es lo mismo, si GDF Suez dejara de pagar este impuesto, el ayuntamiento de Cartagena perdería unos ingresos de 2,4 millones de euros al año.  Y otros 1,6 millones por los dos módulos de Iberdola. O sea, un varapalo a las arcas municipales que los ayuntamientos afectados no aceptarían de buen grado si ellos no recibieran también compensaciones del Estado.

E, incluso, otra cuestión a barajar: los trabajadores. Una gran compañía como Iberdrola podría aplicar jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas y recolocaciones en otras centrales. ¿Podrían hacer lo mismo compañías como GDF? En este caso se trata de una plantilla de medio centenar de trabajadores altamente cualificados a los que sería difícil 'mandar al paro' y confiar en que vuelvan de inmediato cuando fueran nuevamente llamados si la planta se reabriera.

En definitiva, un atolladero que el Gobierno aún no ha sabido responder mientras las eléctricas ya han comenzado, como Ignacio Galán esta semana en Londres, a no callar en público lo que manifiestan en privado.