El administrador de fincas y abogado cartagenero, Francisco Garzón, que el año pasado denunció prácticas anticompetencia por fijación de honorarios orientativos y establecimiento de honorarios mínimos por parte de los administradores en las comunidades de propietarios, ha obtenido el respaldo del Servicio de Defensa de la Competencia de la Región de Murcia, ya que se ha admitido a trámite su denuncia y se ha iniciado expediente sancionador contra el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia.

Por su parte, el Colegio tras la incoación del procedimiento sancionador en su contra, ha presentado ante Competencia un informe-propuesta de modificación de compromisos para evitar la sanción, donde se recoge que se explicará a los colegiados que hay que reparar los daños generados, así como que se colocarán anuncios en los periódicos locales difundiendo que los honorarios son libres, informe sobre el que Garzón ya ha formulado alegaciones, al considerarlo totalmente insuficiente, ya que, según sus palabras, de esta manera “los madrileños, por ejemplo, que vengan a La Manga no se enterarán de nada y continuarán saliendo perjudicados”, así como que “el daño ya está hecho”, cuestiones por las cuales el abogado y administrador de fincas cartagenero, se reserva “seguir con distintos tipos de acciones para llegar hasta el final”.

Por todo esto y en base a las actuaciones del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia, Francisco Garzón ha presentado además demanda de tutela de derecho al honor ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena, puesto que “lo que se hizo contra mi persona a nivel profesional, personal y social fue vergonzoso”.

Madrid copia el modelo
En base a la denuncia presentada por Francisco Garzón, otras comunidades están siguiendo de cerca este tipo de prácticas anticompetencia por precios pactados. No obstante, el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid ha iniciado expediente contra el Colegio de Administradores de Fincas de la capital, al incluirlo en el proceso de Garzón.

Así pues, un caso de prácticas anticompetencia destapado en la administración de fincas de La Manga y Cartagena, está sentando precedente y siendo trasladado a cualquier otro lugar donde todavía no sean conscientes de que no existe un mínimo establecido para fijar honorarios a la hora de administrar una comunidad de propietarios.