La morosidad de los consumidores ha aumentado este año por primera vez desde el inicio de la crisis debido, fundamentalmente a la elevada tasa de paro y a que cada vez son más los que no perciben ningún tipo de ayuda por desempleo.

Por su parte, la administración y las empresas mejoran al recortar ligeramente los plazos de pago, según el informe elaborado por Intrum Justitia tras encuestar a lo largo del primer trimestre a responsables de 10.000 empresas de 33 países, entre ellas 730 españolas.

Entre las conclusiones del estudio destaca que España registra unas pérdidas por impago del 2,9% -dos décimas más que en 2013-, lo que se traduce en 27.000 millones de euros, aunque se mantiene por debajo de la media europea del 3,1%.

El informe revela que las administraciones públicas españolas han reducido el plazo de pago en un día, de 155 a 154, aunque se mantienen lejos de los 30 días que marcan las directiva europea que entró en vigor hace más de un año; y las empresas en dos días, de 85 a 33.

Por su parte, los usuarios, en contra de la tendencia a mantenerse de años anteriores, han elevado los plazos de 58 a 61 días y se han retrasado 21 días a la hora de hacer frente a sus facturaras, 3 más que en 2013.

En Europa, las administraciones públicas pagan en una media de 58 días, las compañías en 47 días y los consumidores en 34.

Para el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, la razón de este cambio de tendencia reside, principalmente, a las elevadas tasas de paro y a que el 40% de las personas que no tienen trabajo no recibe ningún tipo de ayuda, lo que implica que tengan dificultades para hacer frente a los pagos.

La situación podría ir a peor si se tiene en cuenta que el 46% de las empresas considera que no podrá contratar nuevos empleados por causa de la morosidad, frente a la media europea del 40%.

Según el informe, a pesar de la entrada en aplicación de la Directiva sobre morosidad en la UE -que para el 74% de los encuestados no ha tenido ningún impacto- los retrasos de los pagos siguen siendo una amenaza importante para el crecimiento y supervivencia de las compañías.

El 90% de las firmas encuestadas en España indicó que no estaba satisfecho con las acciones llevadas a cabo por el Gobierno para ayudarlas a cobrar sus facturas y un 56% no confía en obtener apoyo financiero por parte de su banco.

El estudio revela que el 80% de las compañías nacionales presenta problemas de liquidez derivados de los retrasos en los pagos, tasa similar a la de años anteriores.

Respecto a la recuperación económica, el 65% de las empresas españolas asegura que todavía no ha sentido su impacto en sus negocios, mientras que el 30% considera que sí lo ha tenido.