La disciplina fiscal impuesta por el Estado español a las comunidades autónomas es la más estricta de la Unión Europea, según concluye un trabajo del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Medina Guerrero.

Este informe ha sido publicado por el Centro de Estudios Andaluces -adscrito a la consejería de Presidencia de la Junta-, y se presentará el próximo lunes en un seminario sobre el impacto de la disciplina fiscal europea en la financiación autonómica, ha informado en un comunicado la consejería andaluza de Hacienda.

El trabajo, que analiza las medidas que se han tomado en España con la reforma del artículo 135 de la Constitución (referido al déficit) y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concluye que el Gobierno "se ha erigido en protagonista absoluto en su beneficio del reparto del déficit en perjuicio de las comunidades autónomas y de su autonomía financiera".

Estas medidas, según el informe, son las más estrictas de las llevadas a cabo en los países descentralizados de la Unión Europea y "extienden la posición jerárquica del Estado sobre las regiones a ámbitos no cubiertos por la reforma del artículo 135 de la Constitución".

Para Manuel Medina, en el caso español el legislador se ha inclinado por acometer "una regulación minuciosa de la materia", lo que contrasta con el caso de Alemania -que en principio se tomó como punto de referencia para España-, donde la reforma constitucional deja un amplio margen al legislador de los Länder para decidir cómo frenar el endeudamiento.

En el caso español, según recoge el trabajo, las comunidades autónomas "apenas disponen de margen de maniobra para determinar cómo cumplir con sus límites presupuestarios".