Un juzgado de lo penal de Murcia ha condenado a dos años de prisión a un empresario del sector de la construcción que dejó de ingresar el IVA que había percibido los años 2005 y 2006 y que ascendía a un total de 360.000 euros, que ahora debe entregar como indemnización.

La sentencia señala que al iniciarse el juicio oral contra A.G., este reconoció los hechos y se conformó con la pena pactada por el fiscal del caso y su defensa, que se concretó en un año de prisión por cada uno de los dos delitos contra la hacienda pública.

La sentencia lo obliga igualmente al pago de una multa de 250.000 euros y le niega la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Además, deberá hacer frente al pago de las costas judiciales del proceso, incluidas las de la acusación particular, que ejerció la Abogacía del Estado.

Por otra parte, el juzgado declara a la empresa del acusado responsable civil subsidiaria.